Cuando la consejera de Juventud, Susana Román, instó a los diputados de Caballas a visitar la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo de Ceuta (GIUCE) para saber por qué era "inviable" llevar a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) a la Plaza Vieja, como planteó la coalición antes de que el PP decretase que irían a Hadu, Juan Luis Aróstegui le hizo caso.

El localista fue a la Plaza de España y pescó, al margen del que buscaba, otro tema. Según ha explicado con retranca ante el Pleno, allí le contaron que la GIUCE se quiere trasladar ahora a la Residencia de la Juventud, "un edificio que se nos había dicho que estaba en ruinas", tras gastar "medio millón de euros" en el acondicionamiento de su actual sede. También que la Administración local "no paga" los 20.000 euros mensuales en concepto de alquiler pactados con la sociedad estatal desde hace tiempo.

El consejero de Fomento, Guillermo Martínez, ha reconocido al de Caballas que, efectivamente, los planes del Gobierno local, no concretados todavía en "ningún" papel, pasan por llevarse la Gerencia de Doncel a la Plaza Vieja junto a otros servicios como Obimace y la Consejería de Servicios Urbanos de Gregorio García Castañeda.

Además, ha negado que las obras ejecutadas en las dependencias de Correos costasen 500.000 euros, sino poco más de 100.000 de los que sólo se 'perderán' "unos 40.000". Sobre la Residencia ha asegurado que no valía para los MENA porque no caben en el inmueble y porque arreglarlo para ellos hubiese costado "un millón y medio de euros".

Sobre el alquiler, Martínez ha asumido que la Ciudad es morosa, "pero no por falta de voluntad política de pagar o de disposición de Tesorería". Es decir, el Gobierno quiere y tiene dinero para costear el servicio que recibe, pero según ha detallado Intervención se niega al entender que el contrato que en su día se rubricó con Correos no respetó todos los principios legales establecidos.

"En su momento el interventor no dijo nada y el contrato tenía varios informes técnicos y jurídicos que avalaban su regularidad, pero yo no voy a pagar algo que el máximo órgano de fiscalización de la Ciudad rechaza", ha subrayado el consejero, que ha presentado como "un problema de interpretación administrativa" el generado.

"Estamos buscando una solución porque hay que pagar y queremos hacerlo, tal y como le he contado con toda la transparencia posible", ha destacado Martínez en sus respuestas a la interpelación de Aróstegui, quien ha tachado de inaceptable el proceder del Ejecutivo local "con el dinero de todos los ceutíes".

Mapa de Ruidos y Plan de Gestión de Residuos

Por otro lado, en ambos casos contestando a sendas interpelaciones del PSOE, Martínez ha adelantado que la Ciudad Autónoma tiene previsto remachar la tramitación de su Mapa de Ruidos "antes del 30 de junio", cuando vence el plazo establecido para hacerlo, y que prevé elevar al Pleno el Plan de Gestión Integral de Residuos "durante el ejercicio en curso".

El consejero de Medio Ambiente ha repasado los pasos dados con ambos expedientes y ha dejado claro que, en cualquier caso, aunque su aprobación todavía no se haya producido, el tratamiento de basuras en Ceuta no se está haciendo de forma "alocada", sino que cada residuo tiene el destino que la legislación exige.