El PP aprueba en el Senado que las bonificaciones al transporte se mantengan mientras haya dinero
15 septiembre 2012 03:44 h.
El Pleno del Senado, en el que Ceuta está representada por José Luis Sastre y Luz Elena Sanín como parlamentarios electos, ha aprobado este jueves, con los únicos votos a favor del PP, una moción que condiciona la continuidad de las subvenciones al transporte de residentes en los archipiélagos canario y balear y las dos ciudaes autónomas a que haya dinero disponible para financiarlas.
Coalición Canaria, CiU y el PSOE han denunciado que la iniciativa abre la puerta a la futura modificación o desaparición del régimen de ayudas.
La iniciativa prosperó gracias a la mayoría Popular y con el rechazo del resto de grupos, que la consideraron contraria a la aprobada en junio por todos excepto el PP, que se abstuvo, y en la que se reclamaba del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy una estrategia "específica" en materia de transporte aéreo y marítimo para esos territorios en colaboración con las comunidades y las ciudades autónomas.
En la nueva, el PP defiende que "uno de los objetivos de la legislatura debe ser la mejora de la conectividad" marítima y aérea de los territorios no peninsulares en colaboración con las autonomías, y pide mejorar la "eficiencia" de las bonificaciones, pero las condiciona a que exista "disponibilidad presupuestaria".
Durante el debate, el Popular Jaime Miguel Mateu ha insistido en que el Ministerio de Fomento "apuesta y seguirá apostando" por mantener las ayudas al transporte en los territorios no peninsulares y que está "realizando los máximos esfuerzos por mantener la equidad", si bien, ha dicho, pretende minimizar el "fraude" en las subvenciones.
El Ejecutivo central, ha explicado el senador, "trabaja para automatizar la acreditación de la residencia de los pasajeros con derecho a ayudas y en un plan de inspecciones que permitirá el buen uso de las subvenciones por parte de las compañías y los ciudadanos".
El Gobierno canario ya ha advertido de que la eliminación de las ayudas al transporte que perciben los residentes extrapeninsulares sería "una atrocidad" que contravendría, además, el precepto constitucional de la cohesión territorial del Estado.
