El repentino cierre de ‘La Carantoña’ ha vuelto a avivar las tiranteces entre el sector de la hostelería y la consejería de Fomento. Mientras el anterior responsable del negocio lamenta la pérdida de una mesa de sesenta personas por la decisión del gobierno, que, según él, amenaza con cerrarle otra vez tras las fiestas; desde la oficina técnica del área aseguran que la clausura ya se ha demorado desde abril.

La Administración argumenta por su lado que en el interior del local se realizaron unas obras que “no están legalizadas” y por ese motivo “principalmente” no se puede conceder la licencia de terraza y apertura. A esto, habría que sumar, siempre en virtud de la versión municipal, una lista “de denuncias vecinales de dos páginas enteras en el sistema informático de la Ciudad”.

El gestor del local hasta hace poco, Quino Blanco, afirma que lleva desde 2007 solicitando el permiso de apertura y que este no se le acabó de conceder porque “cuando está todo hecho, el técnico se jubila y viene otro”. Y así, “hasta tres veces” y “500.000 euros” que asegura se ha gastado en el proceso sin llegar a conseguir el beneplácito del Ejecutivo.

En esta parte tampoco está de acuerdo Fomento. Las fuentes consultadas niegan tajantemente que haya sucedido de tal modo, e incluso se ofrecen a aportar la documentación que así lo demuestra.

A su vez hacen hincapié en la particularidad de este negocio, situado en pleno conjunto histórico y patrimonial de las Murallas Reales, razón por la cual el local es una concesión a priori a diez años -prorrogable por otros tantos- que primero, en 2005, partió de Servicios Turísticos y en la actualidad depende del área delegada de Fomento con la “participación” de Cultura.

“Hay una ordenanza entera que regula el uso del conjunto monumental”, recuerdan los técnicos, quienes también cuestionan que un negocio de estas características pueda ser traspasado. “No sabemos muy bien con quien tenemos que hablar”, afean desde la Consejería.

El resultado de esta situación, en la que confluye la supuesta obra ilegal, las quejas vecinales y la peculiaridad del emplazamiento del restaurante, ha llevado a su precinto por parte de la Policía Local durante varias horas. “Nos ha costado perder una mesa de sesenta personas y nos han dicho que nos volverán a cerrar después de Navidad”, apunta Blanco, que no entiende por qué se actúa contra él “cuando en Ceuta el 75% de los negocios están igual”.

En esto sí coincide Fomento, que revela que “sería más rápido dar la lista de los establecimientos que sí tienen su licencia en orden”. De hecho, hace unas semanas el Consejo de Gobierno aprobó una moratoria de dos meses para treinta negocios que iban cumpliendo los requisitos y estaban pendientes ya del visto bueno definitivo por parte de la Ciudad.

“Muchas de las aperturas que se han llevado a cabo en los últimos meses han sido parciales, según han ido subsanando algunas deficiencias; al revés de cómo se debería hacer, pero esto demuestra nuestra buena fe”, concluyen los técnicos.

Era precisamente a esta prórroga a la que pretendía acogerse ‘La Carantoña’, considerando la Administración incompatible su aplicación al restaurante por la citada obra que “aún no ha sido legalizada”. “Ahora no les puede pillar por sorpresa”, añaden las fuentes consultadas que indican que tras el requerimiento de cierre en abril, los gestores interpusieron un recurso que se desestimó en el mes junio, por lo que “desde entonces han tenido tiempo más que de sobra”.

Preguntados por el motivo por el que se ha permitido que continúe funcionando durante el resto de las fiestas, indican que es la Policía Local la que puede decidir cuando aplicar el cierre, en virtud del principio de proporcionalidad y de “no causar un gran perjuicio”. Aunque, admiten, que, tal y como ha demostrado lo sucedido en el popular bar ceutí, “para estas cosas cosas nunca hay un buen momento”.