Los dos maestros de Educación Física de los CEIP Ramón y Cajal y Ciudad de Ceuta que permanecen en libertad con cargos como investigados tras ser denunciados por presuntos delitos de abusos sexuales están “en situación administrativa de suspensión de empleo y sueldo con independencia del procedimiento penal”, según han informado los Servicios Centrales del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), a cuya Subsecretaría de Estado compete la resolución de los expedientes informativos incoados por la Dirección Provincial a instancias de Madrid.

La Administración aplicó inmediatamente al primer docente arrestado, que pasó una semana en prisión incondicional hasta que fue liberado previo pago de 5.000 euros de fianza con la imposición de otras medidas cautelares como alejamiento de la supuesta víctima y del centro escolar en el que trabajaba, una suspensión provisional de funciones, la que puede acordarse como medida preventiva durante la tramitación de un procedimiento penal o disciplinario.

Siempre puede declararse cuando se decreta la prisión provisional de un empleado público (en este caso, interino) y mientras dure ésta. En esta situación se percibe el 75% de sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como las prestaciones por hijo a cargo.

El segundo arrestado, funcionario en prácticas, que fue puesto en libertad con cargos a las 24 horas sin medidas cautelares, presentó una baja médica al no considerarse preparado “psicológicamente” para volver a su puesto de trabajo tras la experiencia traumática vivida. La Administración General del Estado en Ceuta fue reticente desde el primer momento, a falta de medidas cautelares, a expedientarle o suspenderle de funciones, pero los Servicios Centrales del MEFP han impuesto que se apliquen idénticas medidas.

Las diligencias judiciales de ambos casos están actualmente pendientes de los informes que deben elaborar las unidades especializadas de la Policía Nacional sobre los equipos informáticos intervenidos a los dos docentes.