El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, que ostenta las competencias en el ámbito de Menores, y el presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos, Francisco Mena, han formalizado este jueves en la Sala Isidro Jarque del Palacio de la Asamblea la firma de un protocolo de coordinación y derivación entre el área de Menores de la Ciudad y el programa de la entidad denominado ‘Avance hacia Barnahus’, que está adaptado a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia

El objeto de este protocolo, que no conlleva obligaciones económicas para la Ciudad, es el de establecer el cauce de derivación desde el área de Menores a dicho programa, que está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para ofrecer asistencia terapéutica y asesoramiento a menores víctimas de violencia sexual y sus familias, facilitando la recuperación de estas, así como la prevención.

La finalidad, es por tanto, establecer un sistema ágil de remisión de casos, especializado que garantice en todo momento el cumplimiento de los derechos de los menores de edad.

‘Avance hacia Barnahus’

‘Barnahus’ o ‘casa de los niños’ es un modelo de servicio de atención a las víctimas sexuales contra la infancia, fundado en Islandia en 1998. Sus características principales son: poner el énfasis en el interés superior del menor y su bienestar; reducir la victimización secundaria; proporcionar una atención integral y multidisciplinar en un entorno amigable y con profesionales expertos y coordinados.

La Fundación Márgenes y Vínculos desarrollo desde hace más de dos décadas el programa de Atención Integral a menores víctimas de violencia sexual en colaboración con varias administraciones autonómicas. Además, desde 2020 pertenece a la Red Europea de Barnahus, que sigue las indicaciones de Naciones Unidas y del Consejo de Europa.

Así, el programa ‘Avance hacia Barnahaus’ enfocado a este protocolo consistirá en dos actuaciones diferenciadas: por un lado, la orientación y el asesoramiento psicológico y, por otro, el tratamiento psicológico especializado dirigido a las víctimas de violencia sexual, fijándose sus objetivos terapéuticos.

De acuerdo al protocolo suscrito, el equipo técnico de Protección mantendrá una comunicación continua de cara a informar sobre las necesidades de coordinación que detecte, al objeto que los procesos evaluativos y terapéuticos sean efectivos.

Igualmente, este trámite supone un primer paso para reforzar la coordinación y colaboración en este ámbito. Igualmente, supone refrendar la sensibilidad y el compromiso en la atención hacia los menores.

Y es que se estima que el alcance de la violencia sexual de menores en Europa afecta a uno de cada cinco niños. Los datos disponibles reflejan que, en Europa, la mayoría de los casos se cometen en el ámbito familiar por parte de personas cercanas al menor, o pertenecientes a su entorno social.

También en España ha crecido la cifra de casos registrados, dentro y fuera de las nuevas tecnologías, aunque no es posible determinar si se trata de un incremento de la violencia o el de las denuncias de dichos casos. En todo caso, la violencia sexual contra menores de edad parece estar aflorando una tendencia preocupante.

Se destaca igualmente el uso creciente de internet y de las nuevas tecnologías para intimidar, acosar y/o abusar sexualmente de los menores, originando otras formas de violencia sexual. Siendo necesario, por tanto, crear una conciencia social al respecto, así como transmitir pautas para su prevención y respuesta. También en el mundo digital sólo se localiza e interviene una mínima parte de los delitos, otros, sin embargo, pasan desapercibidos ante la mayoría de la población, tanto a nivel cuantitativo como por la variedad de casuísticas que tienen lugar en este contexto.

Por todo ello, la firma de este protocolo de colaboración aporta la especialización necesaria en el tratamiento psicológico de atención en casos de violencia sexual infantil y juvenil. Al mismo tiempo, se trata de un importante impulso de cara a fortalecer la protección de los menores que han sufrido violencia sexual; así como posibilita a la Ciudad avanzar en el desarrollo e implementación de medidas, objetivos y metas de acuerdo a la legislación vigente en este ámbito.