Este pasado viernes un Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE) de carácter extraordinario recogía las listas de admitidos y excluidos para 8 plazas, repartidas en 5 categorías en Radio Televisión Ceuta (RTVCE), la tele pública. 3 de los concursos-oposición son por turno libre y 2 mediante promoción interna. Una de esas promociones internas es para el puesto de redactor-presentador y la única persona admitida es la cuñada del gerente de la televisión, Manuel González Navarro, hijo a su vez de Manuel González Bolorino, ex gerente del ente. Hace menos de un año, que la aspirante consolidó su puesto como ‘técnico de sonido y ambientador musical’, un escalón salarial por debajo del de presentador-redactor. ¿El problema? Que toda la legislación laboral apunta en la misma dirección, para poder promocionar en la función pública suele ser requisito habitual la exigencia de contar con al menos 2 años en el puesto desde el que se quiere promocionar. No 2 años de experiencia, sino 2 años con el puesto consolidado. Y en las bases de esa promoción interna publicadas en noviembre se ha omitido esa exigencia.

Nadie. Ni partidos políticos, ni sindicatos, ni otros aspirantes que podrían salir beneficiados de que no hubiera candidatos a esa promoción interna porque podrían contar la oportunidad de hacerse con la plaza mediante el turno libre una vez quede desierta recurrieron entonces las bases.

El gerente ha jugado aquí con la potestad que en realidad le otorga la Legislación, optando por la parte más laxa de la ley y no por lo que dictaría la lógica en la exigencia al empleado público. Lo ha hecho con la connivencia de los representantes de los trabajadores, su hermano y pareja de la aspirante, representante del CSIF y el de UGT, que ha venido acompañando con su voto en el último año otras decisiones polémicas.

La promoción interna a la que opta supone una diferencia salarial al cabo de un año de unos 3.200 euros. Pasar de un sueldo de unos 32.350 euros a otro de unos 35.500 según la información que consta en los presupuestos de RTVCE para este 2024. Todo eso sin contar pluses varios, desempeños de superior categoría, o guardias de fin de semana. Salarios que ya están muy por encima del sector privado, en cualquier caso. Un sector privado en el que incluso si tienes la mala suerte de trabajar para algunas de las empresas asociadas familiarmente al gerente, tal vez tengas que acabar reclamando en el juzgado que te paguen o persiguiendo a la empresa cada mes con pagarés que nunca se puede cobrar, o te acaben pidiendo la devolución del finiquito. Las peripecias de sobra conocidas en el gremio, dan para un libro.

El Estatuto Básico de los Empleados Públicos no deja lugar a dudas en su artículo 2, apartado d, que el personal de los entes públicos como RTVCE ha de regirse por lo que dice su articulado. Pero en este caso, igual que en otros muchos de las empresas municipales, se opta por la ley mínima para el sector privado: el Estatuto Básico de los Trabajadores. Los requisitos para las promociones internas son distintos en uno y otro, más duros en la función pública que en el sector privado, que simplemente remite al convenio, donde en el caso de RTVCE apenas sí se dice nada de las promociones internas, más allá de que será el modo preferente para cubrir vacantes. La tendencia, en lo público es exigir 2 años con el puesto consolidado para esas promociones internas. En las bases se omitió ese requisito remitiendo al convenio, y optando por el artículo 19.2 del propio Estatuto Básico de los Trabajadores Públicos.

El Tribunal de la promoción interna tiene aparente vía libre para determinar como será la prueba de la promoción interna. Lo preside el director de informativos, beneficiado al ser designado para esa función por el actual gerente, con un plus mensual de aproximadamente 850 euros.

No hay caso porque entre otras el tiempo para que lo hubiera pasó. Los sindicato sí podrían haber exigido para esta promoción interna lo que se exige para poder desempeñar funciones de superior categoría, esos 2 años con el puesto consolidado. Lo único que piden las bases es: “Ostentar la condición de personal laboral fijo de RTVCE”. Algo que la candidata sí cumple, en febrero hará un año de su consolidación.

En otras promociones internas en la Administración Local sí se ha hecho constar de forma específica una antigüedad mínima acorde a lo que marca el Estatuto Básico del Empleado Público: “ser personal laboral fijo, en servicio activo de la Ciudad de Ceuta como Auxiliar de desarratización”, reza una promoción interna publicada en el BOCCE del pasado 20 de junio de 2023, por citar un ejemplo.

Esa consolidación de su plaza, se produjo en un proceso entre finales de 2022 y principios de 2023. Se hizo al hilo de la Reforma Laboral cuyo objetivo fundamental era combatir la temporalidad, tanto en el sector privado como en el sector público. Anteriormente a ello, la única prueba de selección que había superado era una para una bolsa de trabajo allá por el año 2009. Desde entonces, y a pesar de las limitaciones de 6 meses de tiempo máximo para este tipo de contratos, ha acumulado una presencia en el ente público que le ha permitido sumar el máximo de puntos por experiencia laboral en los méritos para esa consolidación. No es el único caso en la tele pública. En el mismo está su pareja, por ejemplo.

Los trabajadores creen que los pluses se habrían venido concediendo en función de la complicidad que existierae con la gerencia y se habría retirado al perder esa misma complicidad. Premios por buen comportamiento y castigo por malo.

Y un dato más que apunta a que en realidad lo que regiría es ese Estatuto Básico del Empleado Público que de haberse aplicado dejaría a la candidata a la promoción interna sin opciones de concurrir a ella. La Gerencia ha logrado el visto bueno del Consejo de Administración para modificar el organigrama. En la explicación del mismo, a lo primero que remite es a las categorías que establece la Seguridad Social según ese texto legal. Para después pasar a adaptar las concretas del Tele Pública a las mismas.

Sin modelo de prueba teórica

Pero hay más. Mientras que para los procesos de concurso oposición por el turno libre publicados este viernes se especifica cómo serán los exámenes (tipo test) en el caso de la promoción interna no hay especificación alguna y se deja todo en manos del Tribunal.

En el mismo BOCCE de noviembre en el que se publica el concurso-oposición para 3 puestos de redactor se especifica de forma clara cómo será la fase de oposición. “Tendrá carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 60 puntos. Constará de dos ejercicios cada uno de carácter teórico y otro de carácter práctico, siendo ambos eliminatorios”, recoge el BOCCE. Especifica tiempos de la prueba, que el ejercicio teórico será de tipo test, con 120 preguntas y 12 de reserva. Del mismo modo establece como será el ejercicio práctico.

En cambio, para la fase de oposición de la promoción interna todo se resuelve en un sólo párrafo en el que se establece que habrá un único ejercicio:

“Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter teórico - práctico a proponer por el Tribunal sobre las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria y dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas propias de la plaza”.

En 2024 el salario del gerente de RTVCE asciende a más de 93.000 euros

Lo que vendría a dejar manos libres al tribunal calificador para establecer cómo será la prueba. Un tribunal cuya composición fijaba el BOCCE de este pasado viernes, y cuyo presidente es el actual director de informativos del ente público, destinado para tal puesto, premiado con un plus mensual de aproximadamente 850,euros mensuales por desempeñar esa labor, plus y designación concedida por el actual gerente.

Pluses arbitrarios

El mosqueo con la gestión de los recursos humanos en la televisión pública ha hecho ya saltar todas las alarmas y tanto el PSOE como el MDyC, al menos, han solicitado documentación sobre lo que se está pagando en estos conceptos de diversos pluses.

En el caso del PSOE la petición alcanza a lo que se ha pagado tanto en sueldos como en pluses en los dos últimos años. El detonante del malestar, que alcanza a buena parte de la plantilla, vendría motivado porque en el año 2022, el gerente, Manuel González, decidió repartir pluses a prácticamente toda la plantilla, acorde a lo que recoge el convenio, aunque en algunos casos existen dudas de si no se han generado nuevos complementos retributivos, pero este mes de enero, del mismo modo que en su día otorgó los premios, ha decidido retirarlos a algunos de los trabajadores. Este extremo ha sido confirmado por más de tres trabajadores del ente, a pesar del evidente miedo a hablar que soportan y que ha llevado a evitar encuentros públicos para confirmar esta situación.

En el entorno laboral de RTVCE se considera que existe cierta arbitrariedad en el reparto de esos pluses y que la Gerencia podría estar usando los mismos para mantener el control de la voluntad de la plantilla en un sentido bastante claro: “Si te portas bien y haces lo que yo quiero, te premio y te pongo un plus. Si te portas mal y no pasas por el aro, te castigo y te lo retiro”, apunta una fuente consultada por este medio, que pide guardar el anonimato.

El director gerente ha reformado el organigrama de la tele, aprobado por el Consejo de Administración. Cuenta con 38 categorías en una empresa de 39 trabajadores, muchas de ellas de nueva creación. En cambio, sigue sin aparecer la de Dirección de Informativos. Seguirá siendo potestad arbitraria de la dirección designar quién hace esa función se lleva un plus mensual de casi 850 euros.

Al menos en lo que se refiere al mes de enero, se habrían pagado hasta 5 superiores categorías, según la información trasladada desde entro del ente. Y hay serias dudas de que esas 5 superiores categorías, que en dos casos superan los 700 euros mensuales, tengan una justificación escrita de la misma que establezca además un periodo temporal para las mismas, tal y como obliga la legislación.

Y hay tres pagos en pluses por ‘operatividad’, una especie de premio por buen desempeño. Lo que dice el convenio es: “La operatividad se considera un esfuerzo del trabajador, para además de llevar el trabajo diario y cotidiano, afrontar nuevos retos dentro de su horario”. Y atribuye a la Dirección de la empresa otorgar esas tareas que redundarán en ese plus que supone 340 euros mensuales aproximadamente.

La duda es quién ha venido percibiendo este plus durante 2022 y 2023. Y quién y cuántos fines de semana y festivos ha trabajado. Dado que se trata de uno de los pluses más jugosos. Echar 7 horas un sábado eran 200 euros en 2012, cuando se aprobó el convenio. Con los sucesivos incrementos de los últimos 11 años se calcula que andará ya más cerca de los 300 euros que de los 200. Trabajar dos fines de semana en un mes puede disparar en 1.000 euros la nómina. Sin que tan siquiera quede claro que se trate en realidad de horas extras, que tienen un limite de 80 al año por trabajador.

Se pasó de presupuesto

En la información pública disponible se puede comprobar como en el año 2022 la gerencia presupuesto en remuneraciones al personal 1.876.077,22 euros, según la memoria de los presupuestos de la tele para ese año, aprobada por el Pleno a finales de 2021. En la información sobre ejecución presupuestaria de ese ejercicio que contienen los Presupuestos Generales para la Ciudad Autónoma de este 2024, el gasto real en salarios al personal ascendió a 1.967.731,70 euros. 91.653 euros de exceso, a pesar de que en lo presupuestado se incluyeron los 64.677,15 euros de salario del director técnico, que en realidad iba a cobrar 85.447,38 euros por su puesto de director gerente del ente, un cargo político. Una subida salarial entonces que ya fue polémica y que se justificó porque iba a desempeñar además de las funciones de gerente las de director técnico. En 2024 ese salario asciende a más de 93.000 euros

En esos presupuestos, al inicio del año había 193.804,65 euros para “otras retribuciones del personal laboral”, dinero para pluses, fines de semana o premios. La partida se había incrementado en más de 56.000 euros (un 41,14 por ciento) con la justificación de que tras un 2021 aún marcado por la covid, volverían las “operaciones especiales”. En 2023 y en 2024 la partida se ha reducido hasta llevarla a menos de lo que suponía en 2021, apenas 79.000 euros. Otra de las razones que estarían detrás de la retirada de pluses a varios trabajadores desde este enero: ya no hay dinero.

En 2022, a pesar de gastar 91.000 euros más de lo presupuestado en remuneraciones al personal, que serían más de 150.000 si se suma lo presupuestado para un director técnico que no cobró como tal, se pagó menos de lo inicialmente previsto por Seguridad Social. Se presupuestaron 289.085,66 euros en seguros sociales, pero se gastó en ese concepto sólo 251.699,56 euros. Una especie de milagro contable, a todas luces.

Dirección de Informativos y Organigrama

Uno de los pluses más jugosos es el de director de informativos, roza de los 850 euros mensuales. Y es un plus. En la reciente reforma del organigrama, un documento que automáticamente aprobado pasa a formar parte del convenio colectivo, no se recoge esta categoría. Significa que seguirá siendo potestad de la Gerencia determinar quién ejerce esa función y por ende cobra una extra de casi 850 euros mensuales. Y eso a pesar de que se establecen 38 categorías profesionales en una empresa que cuenta con 39 trabajadores laborales.

Al no ser una categoría, la situación es tan surrealista que permitiría a la Gerencia, otorgar la Dirección de Informativos y su correspondiente plus a la cuñada del gerente al día siguiente de que apruebe su promoción interna. Si fuera una categoría, cualquier trabajador que quisiera aspirar al puesto tendría que llevar al menos dos años en la categoría inferior para poder desempeñar esa categoría superior.

La aspirante, al menos en enero de este año, ya desempeñó esas funciones durante una semana y percibió su parte correspondiente de ese plus.

El organigrama aprobado por el Consejo de Administración va a generar conflictividad laboral. Hay varias razones. La principal aparece en el desglose de la categoría de redactor presentador, que ahora cuenta con una subcategoría de redactor. Hay tres plazas convocadas para la misma. La titulación que se exige es la de licenciado en periodismo. Se ha encuadrado en el penúltimo último grupo de todas, el grupo V. El mismo en el que estarían las categorías de reportero gráfico, técnicos de sonido, iluminador o técnico de producción, categorías para las que no se exige licenciatura.

Además cuenta con tres subcategorías, dentro del Grupo VI, el mismo en el que figuran maquilladores, ayudantes de archivo o el ordenanza. En el organigrama no se especifica que titulación requerirían estas subcategorías como “presentador locutor” o “ayudante de redacción” o “ayudante de contenidos”, pero parece evidente que debería ser de nuevo la misma licenciatura en Periodismo.

Pero hay más cosas que chirrían en esa reorganización. El Grupo I lo componen tres categorías, el director financiero, el director de antena y el director técnico. Para el director financiero se exige una licenciatura en Económicas o Empresariales, para el director de antena y el director técnico, el puesto del gerente, alcanza con una diplomatura.

Del mismo modo se ha creado una “coordinación de producción” como subcategoría de la Jefatura de Producción. En enero ya se ha pagado una superior categoría para la función de coordinación de producción, a pesar de que su remuneración no está estipulada en el Convenio Colectivo, dado que se trata de un puesto de nueva creación.

Ninguno de esos pluses se habrían negociado con la representación de los trabajadores. Una representación de la plantilla que ostenta el hermano del gerente, como máxima cabeza visible de la misma por CSIF y que ha venido contando con el apoyo sistemático del delegado de UGT y sólo con la oposición ocasional del delegado de Comisiones Obreras.

Cabe recordar que RTVCE afronta al menos 5 demandas de trabajadores que siendo parte de la bolsa de trabajo fueron aparcados a la hora de las contrataciones temporales para ser sustituidos por otros, que estaban en situación de desempleo, pero para cuya contratación no se habría cursado petición renovada al SEPE. Unas demandas que desde la representación legal de los trabajadores demandantes se ven con optimismo en la trayectoria que podrían seguir en el juzgado y que sumadas las cantidades que se reclaman podrían suponer decenas de miles de euros a pagar.