La Ciudad, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, y en virtud del convenio de colaboración que mantiene desde 2010 con el Consejo General del Poder Judicial, volverá a congregar a personalidades de la Justicia en las decimoterceras Jornadas Jurídicas, que tendrán lugar los días 23 y 24 de mayo en los salones del Hotel Puerta de África.  

El programa previsto de esta edición se abrirá con la participación del magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Pedro Vela, con su ponencia: ‘Configuración jurisprudencial de los controles de incorporación, transparencia y abuso de las condiciones generales de la contratación’. Tras esta será el turno de ‘Juego seguro. La intervención del Estado en la protección de las personas respecto a los juegos de azar’, a cargo de Patricia Lalanda, socia de Layra Abogados y experta en nuevas tecnologías y regulación del juego.

La primera jornada se cerrará con la intervención del secretario del Gobierno del Tribunal Superior de la Región de Murcia, Javier Luis Parra, y su conferencia: ‘Oficina Judicial integrada o hacia una justicia inteligente en España’.

El segundo día de desarrollo comenzará con la presencia del magistrado presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y su ponencia: ‘Presente y futuro del proceso penal’.

A continuación, ‘Jurisprudencia reciente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre extranjería’, ponencia en la que intervendrá la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Ángeles Huet.

Finalmente, las ponencias programadas de esta edición culminarán con: ‘Una justicia digital. Una justicia más eficiente’, con la secretaria de Gobierno de la Audiencia Nacional, maría Jesús Fraile.

Con un presupuesto de 54.800 euros, las XIII Jornadas Jurídicas, dirigidas por el presidente de la Sección de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, Fernando Tesón, y con el catedrático de Derecho Romano de la UNED, Fernando Buján, como director académico, están dirigidas a la carrera judicial y a personal técnico de la Ciudad, así como otros operadores jurídicos.