La Audiencia exige a Antonio López 300.000 euros de fianza para salir de prisión

López, saliendo de la Jefatura.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha acordado mantener en prisión provisional al exviceconsejero de Vivienda y exgerente de Emvicesa Antonio López aunque eludible mediante la prestación de una fianza de 300.000 euros “en cualquiera de las clases admitidas en derecho”. En un auto dictado este viernes, el tribunal estima así parcialmente el recurso presentado por la defensa del investigado contra el auto del pasado 13 de diciembre donde el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta denegó su puesta en libertad provisional.

A juicio de la Audiencia, “es preciso buscar un equilibrio entre esa función de la fianza que supone establecer para el imputado un freno a cualquier estímulo de sustraerse a la acción de la justicia y un criterio basado en el principio de proporcionalidad que impide establecer cantidades claramente inasequibles que conviertan esa posibilidad de esperar en libertad la celebración del juicio en una hipótesis inalcanzable”.

“Y eso es lo que entendemos se cumpliría en este caso con la prestación de una cantidad ascendente a 300.000 euros, dado que aún continúan los motivos que se tuvieron en cuenta para adoptar la medida cautelar de la prisión provisional, mínimamente rebatidos a los efectos de este requisito en el presente recurso (riesgo de fuga, ‘periculum in mora’) que no es otra que asegurar la presencia del mismo en el acto del juicio, sin que debamos olvidar que dicho montante dinerario no es preciso en todos los casos que sea ahorrado por el propio imputado”, indica.

La Audiencia estima parcialmente el recurso del investigado, “modificando la situación personal del recurrente en el sentido de fijar una fianza carcelaria de 300.000 euros, que junto a otras cautelas menos gravosas que la privación de libertad, como la retirada del pasaporte, así como las presentaciones que se dirán en el órgano judicial competente, entendemos que neutralizarían el riesgo de fuga que aún persiste”.

En este sentido, la Audiencia acuerda la retirada del pasaporte al investigado y argumenta que esta medida “viene justificada por la persistencia de dicho peligro de sustracción a la Justicia”.