Fue corta (por fortuna), pero dio mucho, muchísimo de sí: la dictadura de Primo de Rivera sigue estando en boca de multitud de historiadores españoles. Uno de esos estudiosos que, aún a día de hoy -cien años después del golpe de Estado que aupó a Primo al poder-, continúa divulgando con suma devoción los pormenores más desconocidos de tan singular etapa es José Antonio Alarcón.

El director de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez viene de hacer de esta última escenario de una atípica conferencia que ha centrado el tiro en las reformas administrativas que Miguel acometió en Ceuta y Melilla durante su oscuro mandato. El asunto, desde luego, tiene miga (y cierto encanto, para qué nos vamos a engañar).

Pese a que los cambios fueron los mismos en términos de régimen, antes de estas, la situación en ambas plazas de soberanía era bien distinta. Según Alarcón, "Melilla no tenía ayuntamiento". "No lo tendría hasta 1931", explicaba. Lo que, hasta entonces, había en nuestra ciudad hermana era "una junta de arbitrio" (un órgano militar, a fin de cuentas). Ceuta, sin embargo, sí que tenía consistorio. Lo tuvo, de hecho, desde 1812, año en el que se promulgó la Constitución de Cádiz de 1812.

Cabe mencionar que la reconversión de las instituciones ceutí y melillense encuentra su razón de ser en un desesperado intento de Primo de Rivera por "cerrar el poder militar", algo que los altos mandos del vetusto Ejército español llevaban intentando -sin éxito- "desde mediados del siglo XIX". En esencia, lo que hizo el dictador fue "disolver el Ayuntamiento de la ciudad" y crear, en su lugar, un organismo de naturaleza castrense -"muy similar al de Melilla"- que llevaba por nombre 'Junta Municipal'.

El movimiento perseguía un objetivo claro: lo que los eruditos han bautizado como "el descuaje del caciquismo", esto es, "acabar con los ayuntamiento caciquiles mediante la reforma de la ley de Administraciones locales" (la de aquella época, claro, no la actual). La cosa, no en balde, no surtió efecto, puesto que "los Gobiernos municipales siguieron siendo igual de caciquiles que antes de la reforma".

Para más inri, la decisión de Primo trajo consigo la segregación de Ceuta de la provincia de Cádiz, a la que pertenecía administrativamente desde la entrada en vigor de La Pepa. Así las cosas, la actual ciudad autónoma pasó a formar parte de "un nuevo organismo: la Oficina de Marruecos". Esta "estaba diseñada -decía Alarcón- para controlar la política colonial en el protectorado".

Para que quede claro: la circunstancia viene a significar que Ceuta dejó de tener un régimen común para pasar a formar parte de una institución que, grosso modo, se creó con la inequívoca pretensión de administrar las colonias españolas en el norte de África (menudo promarroquí estaba hecho Primo...).

Ciertamente, el asunto se presta a confusión si se tiene en cuenta el sutil detalle de que Rivera era uno de esos llamados 'abandonistas', militares que abogaban sin fisuras por sacar de suelo africano a todas las tropas españolas y, subsiguientemente, abandonar los territorios 'ocupados'. Pese a sus convicciones, el mandatario nunca llegó a ver cumplido su deseo. El motivo es bien sencillo: "Los africanistas no lo dejaron".

Al parecer, la iniciativa de Primo tiene una explicación; peregrina o no, ya es cosa tuya: "Los militares tenía mucho miedo de que las pulsiones laboristas de Ceuta y Melilla se extendieran hacia el resto del protectorado. Ahí reside, justamente, el empeño del difunto dictador en atar en corto ambas ciudades. Y esta, querido lector, es la 'desconocida' historia de cómo las dos ciudades autónomas fueron, temporalmente, más plazas militares que nunca. Dicen que uno nunca se acuesta sin aprender algo nuevo. Juzga tú mismo.