Empresas 'low cost', cuando el ahorro público lo pagan los trabajadores

Trabajadores de Marsegur

Todo empezó a finales del siglo XX con la recogida de basura. Hoy apenas quedan municipios que recojan los residuos de sus ciudadanos con medios propios. Una tendencia a la externalización de servicios públicos a empresas del sector privado que ha ido avanzando hasta llegar a nuestros días.

Hoy resulta noma que empresas privadas asuman la limpieza de edificios públicos o su vigilancia. Grandes empresas que pujan a la baja por contratos públicos a costa de contratos precarios. La eficacia, la creación de empleo y, sobre todo el ahorro de fondos públicos en nombre de la austeridad justificaban. Un ahorro público que básicamente pagan los trabajadores, en sueldo y en derechos.

Bien lo saben los vigilantes de Marsegur del Hospital Militar, que han visto como su empresa, la misma que les debe seis meses de sueldo, cambiaba de nombre sin previo aviso, mientras ellos siguen cobrar y vistiendo el uniforme de una empresa que ya no existe. “El beneficio es cada vez mayor porque cada vez se respetan menos los derechos de los trabajadores y cada vez la administración interviene menos en su papel fiscalizador de que ese servicio se ejecuta en los términos que se han pactado en el pliego de condiciones”, explica Ramón del Valle Inclán (CCOO). “Detrás de todo estoy hay grandes empresas multiservicios que son afines al partido en el Gobierno, sea el que sea, este invento no es nuevo. Son empresas donantes del partido, unas veces en la caja A y otras en la B, como están demostrando los jueces”.

La clave de la impunidad

La clave de esta impunidad está en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que libra de responsabilidad subsidiaria a la Administración contratante que, con la nueva Ley, ha contratado el servicio y la consiguiente gestión de recursos humanos y no tiene responsabilidad alguna. Y todo por un módico precio. Eso sí, para la adjudicación es necesario estar libre de mácula, al día con impuestos y Seguridad Social. Un control, alerta Valle Inclán que tiene muchas grietas. “El papel lo aguanta todo”, ironiza, detallando como muchas de estas empresas obligan a firmar las nóminas antes de cobrarlas para cumplir con los controles, “diciendo a los trabajadores que si no firman la administración no les paga y ellos no pueden cobrar”. Una “dinámica perversa” que, alertan desde CCOO suele acabar en un bucle de meses sin cobrar.

Trabajadores zombies

Una situación que tiene además un ingrediente muy injusto. El trabajador que no cobra no puede marcharse de la empresa automáticamente y cobrar la prestación por desempleo sino que tiene que instar la extinción de la relación laboral por causa justa -el plazo mínimo para iniciar accciones son tres meses- y ese proceso puede durar meses, incluso años con lo que el trabajador tiene que seguir yendo trabajar sin cobrar.

Menos empleo y por servicio

Empresas low-cost, empresas piratas, según a quien se le pregunte que no son solo tóxicas para los trabajadores, también para la Administración, advierte Paco Lobato (UGT) que no descarta que cualquier día se empiece a hablar de externalizar, por ejemplo, las cocinas de los colegios lo que a buen seguro supondrá una merma de la calidad del servicio y la nutrición adecuada para los chavales quedaría supeditada a licitaciones a la baja y ampliaciones del contrato.

Una externalización que ya ha llegado a la educación infantil, apunta Lobato recordando el caso de la guardería de Arasti Barca, envuelta en polémicas sindicales y ampliaciones del contrato inicial. Todo ello lleva a una preocupante merma de la calidad de los servicios públicos, denuncia Lobato, en nombre de un ahorro de fondos públicos con un precio muy alto y sin garantía de que ese servicio se preste con la calidad debida. “Y el pato lo pagan siempre los trabajadores”, lamenta Lobato.

Destrucción de empleo

Sin olvidar la primera víctima de estas externalizaciones: el empleo público. Puestos de trabajo sencillos pero codiciados que ahora son trabajo basura, contratos precarios en manos muchas veces de empresas pirata, sin apenas derecho laborales y casi por la mitad de sueldo, con contratos que desprecian el convenio colectivo . Y todo no en la pérfida empresa privada, sino en el sector público.