NEGOCIACIÓN

Al Gobierno se le acumulan los problemas: los sindicatos reclaman la mejora salarial aprobada por Montoro

Al Gobierno se le acumulan los problemas: los sindicatos reclaman la mejora salarial aprobada por Montoro
Juan Vivas y Nicolás F. Cucurull en una comparecencia el pasado 12 de marzo.
Juan Vivas y Nicolás F. Cucurull en una comparecencia el pasado 12 de marzo.  

El empeño del Gobierno de sacar adelante en dos semanas casi unilateralmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pendiente desde hace 34 años, ha puesto en pie de guerra a las tres centrales sindicales que, habitualmente enfrentadas han cerrado filas para hacer frente al Ejecutivo de Vivas anunciando movilizaciones ante el Palacio Autonómico. Y no es el único frente que se le ha abierto al Gobierno con sus empleados públicos.

Los tres sindicatos han solicitado ya formalmente al Gobierno que convoque con urgencia la mesa negociadora para consensuar la aplicación del ‘Acuerdo para la mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo’, firmado hace apenas una semana por los sindicatos y el Ministerio de Hacienda y Función pública. Un acuerdo que afectan a todos los empleados públicos, incluyendo a los de las entidades locales, y que CCOO, CSIF y UGT reclaman que se aplique en Ceuta. Las tres centrales enviaron además una carta conjunta que tiene ya sobre la mesa el presidente de la Ciudad, Juan Vivas.

Este acuerdo, rubricado por el ministro Cristóbal Montoro, incluye aspectos de tipo económico, como una subida salarial paulatina, y de condiciones laborales, como la posibilidad de instaurar la jornada de 35 horas o medidas para favorecer la conciliación o para la creación de empleo en 2018, 2019 y 2020. Medidas todas, establece el acuerdo en sus cláusulas, que han de dirimirse en mesa negociadora.

Un acuerdo que los empleados públicos llevan tiempo esperando y ante el que los ayuntamientos de toda España se hacen los remolones, entre ellos el de Ceuta. Desde CSIF instan a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a que dicte las órdenes correspondientes para que estas medidas se hagan efectivas también en las entidades locales.