La patronal ceutí, con el apoyo de la Ciudad y los sindicatos, integrados en la Mesa de Diálogo Social, reclama al Gobierno la vuelta al anterior sistema de bonificaciones sobre las cuotas empresariales a la Seguridad Social
El pasado 1 de septiembre entró en vigor la «Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas». La nueva norma tenía un efecto directo sobre el sistema de bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social que hasta esa fecha había estado vigente en Ceuta y Melilla. El cambio de modelo sustituía la bonificación fija del 50% por una cantidad –establecida en 262 euros- vinculada a la formación y la contratación indefinida.
El cambio de sistema, anunciado con meses de antelación, provocó la airada respuesta de los empresarios, a la que pronto se adhirieron el Gobierno municipal del PP y los sindicatos, integrados todos ellos en la Mesa de Diálogo Social. Ya en marzo, la Mesa dibujaba un panorama desolador para el caso de que finalmente, tal y como acabaría sucediendo, la nueva norma entrara en vigor.
En un escrito remitido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se alertaba de que el cambio de sistema dificultaría el mantenimiento y la creación de empleo en la ciudad, redundaría en una reducción salarial para los trabajadores cuyos contratos fueran susceptibles de bonificación e incrementaría la conflictividad laboral en las empresas.
Pronto, la controversia adquirió un matiz marcadamente político. Alineado con las tesis de los empresarios, el PP comenzó a señalar a un Gobierno de la nación en cuya defensa salió en tromba el PSOE local. Los socialistas ceutíes se alinearon con el argumento empleado por el Ministerio, según el cual el cambio de modelo no afectaba al sistema de bonificaciones en Ceuta y Melilla sino que tan solo lo reformulaba.
La tesis del Ministerio no satisfizo a los empresarios, que, flanqueados por el Gobierno de la Ciudad y los sindicatos, sostuvieron la tensión dialéctica. Madrid trato de aplacar los ánimos con la aprobación el 18 de julio de una medida que pretendía compensatoria. El objetivo era el de allegar fondos para completar las bonificaciones de modo que, fuese cual fuese el cálculo, se mantuviese la ayuda del 50%. El Gobierno aprobaría una serie de subvenciones, cuya cuantía complementaría las bonificaciones ya previstas hasta alcanzar el 50% de la cotización empresarial. Durante el siguiente trimestre, Ceuta y Melilla deberían recibir 3,2 millones de euros para este fin.
La maniobra no apaciguó los ánimos de la patronal. Avalados por los miembros de la Mesa de Diálogo Social, los empresarios lograron imponer sus argumentos críticos que, en lo fundamental, pasan por afirmar que, a efectos prácticos, las bonificaciones han quedado desactivadas. La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) y el secretario general de la Cámara de Comercio, Joaquín Mollinedo, recurrían este mismo mes de diciembre a los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para avalar su denuncia: en septiembre, de 1.341 empresas potenciales beneficiarias de la bonificación, solo 18 lograron acceder a ella. Unas cifras que, concluían los empresarios, evidenciaban que estas ayudas habían quedado derogadas de facto.
La patronal exige la vuelta al anterior sistema basándose en los perjuicios que el actual ocasiona a las economías de las ciudades autónomas. Según los empresarios, el nuevo modelo discrimina a los emprendedores, desincentiva las inversiones, constituye un ataque frontal al régimen económico y fiscal de la ciudad y contraviene lo acordado en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico para Ceuta aprobado por el Gobierno central. Además, las organizaciones empresariales sostienen que incrementa los costes de las licitaciones del sector público con empresas privadas.
El futuro del sistema continúa, a finales de diciembre, en el aire. La Mesa de Diálogo Social retomará sus reivindicaciones el próximo mes con un objetivo claro: la derogación del actual sistema. La Mesa ha remitido a la ministra Díaz una carta solicitando una reunión para exponer sus inquietudes y demandas.
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