El actual sistema de subvenciones en las cuotas de la Seguridad Social se va a modificar. Todo apunta a ello, después de que el Gobierno Central filtrara la semana pasada su enésima promesa de derogar la parte que toca a Ceuta y Melilla del Real Decreto 1/2023 que puso fin a casi 20 de bonificaciones al 50 por ciento en las cuotas. Lo hizo ante la presentación por parte del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, de la Proposición de Ley que este miércoles se tomaba en consideración en el Senado para derogar esa parte del Real Decreto y devolver las cuotas a la Seguridad Social al 50 por ciento de bonificación. Y todo apunta a ello, después de que el PSOE se haya puesto de perfil este miércoles en ese debate y haya optado por la abstención en la propuesta defendida por la senadora por Ceuta de los populares, Cristina Díaz, a quien ya se le pueden apuntar si la iniciativa sirve finalmente para dar marcha atrás más méritos efectivos sobre la vida de los ceutíes que a sus anteriores predecesores.

Precisamente Díaz dejó claro desde el inicio que de lo que se trata es de “volver al régimen anterior que desde 2004 venía funcionando y mejorando históricamente, salvo con el Gobierno de Sánchez”. “Ustedes han implantado un nuevo sistema notablemente dañino para el sistema empresarial y los trabajadores, en claro perjuicio de su especial Régimen Económico y Fiscal (el de Ceuta y Melilla). Desde el PP no entendemos la implantación de un nuevo sistema cuando el anterior venía funcionando correctamente (…) Con este establecimiento del régimen anterior queremos corregir los efectos negativos y la inseguridad jurídica del nuevo decreto del Gobierno. Se trata de subsanar el error”, ha argumentado Díaz.

La senador popular ha reprochado al Gobierno que a pesar de su medallas por ser dialogante con todos, en este caso parecen no haber escuchado a nadie. La medida se lanzó y entró en vigor sin previo aviso ni al Gobierno de la Ciudad de Ceuta, ni al de Melilla, ni consulta a sus tejidos económicos (patronal) y sociales (sindicatos), que han venido mostrándose desde entonces contrarios y beligerantes con la medida.

Díaz ha defendido que las bonificaciones al 50 por cientos en las cuotas de la Seguridad Social suponen una de las piedras angulares del sistema especial fiscal del que gozan Ceuta y Melilla.

Un sistema que como ha recordado cumple una función, paliar las desventajas que la situación geográfica de extrapeninsularidad y otras peculiaridades como la situación de frontera terrestre o la elevada densidad de población merman la capacidad de crecimiento económico de ambas ciudades: “Se trata de una cuestión de justicia y solidaridad con estas dos ciudades que forman parte de nuestro territorio nacional”, ha consagrado Díaz.

La senadora ha reprochado al Gobierno que a pesar de sus promesas la frontera sigue funcionando sin aduana comercial y sin la aplicación del régimen de viajeros. Como resumiría después su compañera por el PP de Melilla, Isabel Moreno, “lo ancho para Marruecos y lo estrecho para Melilla”. Y ha reclamado la efectividad histórica en el mantenimiento del empleo que habían supuesto las bonificaciones.

Díaz ha reiterado los datos que son ya manidos en el debate sobre el asunto en Ceuta: Sólo 18 de los 1.200 contratos laborales firmados en septiembre se habían acogido al nuevo régimen de ayudas (“derogación de facto” de las bonificaciones). Y otro más, en diciembre, mes caracterizado por los refuerzos en comercio y hostelería, en Ceuta las contrataciones bajaron un 23 por ciento respecto a diciembre de 2022.

Díaz también ha afeado las reiteradas promesas de derogación de este Real Decreto por parte del PSOE, antes incluso de que llegara a entrar en vigor. Sacando recortes de prensa, entre otras de la promesa realizada por la ministra de Hacienda en plena campaña de las municipales en mayo en la propia ciudad (tal vez la más sonora), o más recientemente las lanzadas desde Delegación la pasada semana. “Lo podían haber arreglado ayer en el Consejo de Ministros”, le ha afeado Díaz a los socialistas; “hasta que no vieron al señor Feijóo aquí” no reaccionaron, ha explicado.

Mención a que “no le importan las empresas, sólo la de sus amigos”, en referencia a la trama que ha apartado al ex ministro José Luis Ábalos del PSOE. Pero les ha recordado a los socialistas que con el anterior régimen se beneficiaban también los trabajadores por el pacto entre sindicatos y empresas.

Díaz también ha afeado al Gobierno los requisitos, antes inexistentes, que ha introducido en la reforma de 2023 para que las empresas puedan beneficiarse de esa subvención. Y también el Plan Estratégico y la falta de avance del mismo en áreas tan sensibles como Sanidad, Educación las dotaciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o, de nuevo, la apertura de la aduana comercial. “Pueden votar que sí y que la Ley siga su curso o si ustedes son capaces de arreglarlo, lo publican en el BOE y nosotros la retiramos. Pero entiendan que no les creamos”, le ha espetado al final Díaz a los socialistas.

PSOE, cambios sí, pero no en los temporales

Y el PSOE, por boca de su senador por Navarra Javier Remírez, lo que ha hecho es ponerse de perfil apostando por abstenerse. La Ley seguirá su curso. En realidad daba igual el sentido del voto del PSOE para eso porque el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y además VOX también ha apoyado la iniciativa.

Pero quizás hay dos cuestiones de las que ha lanzado en su argumentario el senador socialista que se antojan nucleares para saber qué pasará y cómo acabará por solucionarse el asunto. Por un lado ha recordado que la reforma se hizo para cumplir “con un compromiso con la Comisión Europea para cambiar en el conjunto del territorio nacional la bonificación de Seguridad Social e impulsar la creación neta de empleos y su mantenimiento. De ahí que muchas de las medidas estén vinculadas a la formación de los trabajadores con contratos indefinidos”.

Por un lado cumplir con la Unión Europea y por otro la apuesta por el empleo “de calidad y estable” que ha sido un pilar de las políticas laborales del Gobierno de Sánchez y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Y ahí la segunda clave se abre paso. Remírez ha explicado que han ido solucionando dudas por el camino desde la entrada en vigor, a pesar de la inseguridad acumulada, que han mencionado en dos intervenciones los populares, en el caso de Díaz recordando incluso las comunicaciones lanzadas por las asesorías a las empresas anunciando que no se veían capaces de gestionar el nuevo sistema.

El senador socialista ha hilado un discurso en el que en un momento dado ha entrado en detalles sobre la aplicación del nuevo Real Decreto para dejar claro que hay fondos para su aplicación, algo que cuestionan desde el PP, que no se perjudica a los trabajadores con bases de cotización por debajo de 1.800 euros (se les favorece) y no se agrava a los que las tengan superiores. Dudas que se han ido solucionando por el camino según el socialista y que aún así su partido está dispuesto a estudiar nuevos cambios en el sistema, pero no uno fundamental: el favorecimiento de estas medidas para provocar más empleos de calidad, esto es indefinidos. Los temporales, tal y como ya dejó entrever la última filtración del Gobierno, seguirán siendo un punto de fricción.

Y ahí, ha entrado de lleno, la senadora por Melilla de los populares, Isabel Moreno, preguntándose en alto qué pasa con los contratos temporales por sustitución o los refuerzos del comercio y la hostelería, si no tienen derecho a no ser agraviados respecto al resto de trabajadores.

Parece vista las posiciones que ahí está el principal punto de discrepancia entre PP y PSOE y no tanto en el fondo de la cuestión, devolver las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social al punto anterior. En el caso del PP, exactamente como estaban y en el caso del PSOE con esta salvedad.

En el camino se queda eso sí, aquello que se llegó a consagrar en el primer borrador del Plan Estratégico de elevar esas bonificaciones hasta el 75 por ciento desde el actual 50 por ciento. Algo que si bien en el PP recuerdan, parece ser hoy por hoy algo inalcanzable.

Por su parte, el socialista, ha afeado al PP una especie de falso “interés general” al votar las cuestiones en función de quién las proponga. Y así ha repasado los beneficios palpables para ceutíes y melillenses que las políticas del Gobierno de Sánchez han procurado y contra los que ha votado el PP.

Y ahí ha repasado la subida de las pensiones en más de un 11 por ciento en dos ejercicios, con miles de beneficiados en ambas ciudades, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, de nuevo con miles de beneficiados en ambas ciudades en un 54 por ciento o los más de 12.000 ciudadanos que en cada ciudad se benefician del Ingreso Mínimo Vital. Medidas todas ellas a las que se opuso el PP.

El discurso de la senador por Melilla, Isabel Moreno, ha sido algo más duro. Con reiteradas alusiones a las cuestiones de política nacional. Sin dudar en calificar al Gobierno de “social comunista”, en mencionar de forma profusa los casos de corrupción que han venido salpicando al PSOE en el último año o los pactos con los nacionalistas e independentistas y sin renunciar al uso del término “terroristmo” para referirse a alguno de los socios del Gobierno en clave genérica.

Pero más allá de la subida de tono, en los argumentos del fondo de la cuestión, la senador por Melilla no ha aportado tampoco nada nuevo al corolario de razones ya esgrimido por Díaz para soportar que las bonificaciones deben retornar al punto en el que se encontraban antes de septiembre de 2023.