De acuerdo con la querella, Sanín tuvo acceso a datos personales de ella cuando se hizo cargo de su defensa, información que habría utilizado posteriormente en otra causa en la que le correspondió ejercer como parte contraria. La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ya ha rechazado el archivo de la causa y su sobreseimiento que solicitó la política ceutí.

El Código Penal prevé en su artículo 467 para aquellos abogados o procuradores que habiendo asesorado, defendido o representado a una persona en una causa acaben haciendo lo mismo con quien tenga intereses contrarios sin el consentimiento de su anterior cliente penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de dos a cuatro años. Para quien revele secretos ajenos «de los que tenga conocimiento por razón de su oficio» se contemplan sanciones de prisión de uno a tres años.

En el caso de los profesionales que, incumpliendo su obligación de sigilo o reserva, divulgan secretos , tendrán que hacer frente a penas de prisión de uno a cuatro años, a multa de doce a veinticuatro meses y a inhabilitación especial por entre dos y seis años.