Plena Inclusión continúa avanzando con paso firme en su particular camino hacia la equidad. La entidad ha celebrado este jueves preelectoral la que ha sido la segunda edición de su Jornada Jurídica, en la que han tomado parte destacadas figuras del mundo del derecho procedentes de muchos y muy diversos puntos de la geografía nacional.

Al igual que el pasado curso, el objetivo del encuentro no era otro que divulgar y sensibilizar sobre la reforma recientemente acometida en el seno de la legislación civil y procesal de aplicación a las personas con discapacidad.

La reforma en cuestión se aprobó en junio de 2021. Desde su efectiva entrada en vigor en septiembre del mismo año, esta "ha cambiado por completo todo lo relativo a la regulación de los procedimientos de incapacidad de los ciudadanos discapacitados", según explicaba Torcuato Recover. En palabras del letrado, lo que había con anterioridad a la nueva norma quedó sustituido por un sistema que permite a la persona "potenciar su capacidad jurídica aunque padezca algún tipo de discapacidad".

La actual reglamentación contempla la prestación de "todos los apoyos necesarios" para evitar injerencias de terceros. La ley desecha por completo "el trámite judicial único que existía antes", ofreciendo a personas con minusvalía -decía Recover- "un amplio abanico de modelos de soporte".

Al parecer, la normativa adecúa la legislación de nuestro país a lo establecido en la denominada 'Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad'. Hasta antes de ese encaje ya consumado, era el tutor del discapacitado en cuestión quien tomaba las decisiones por este. Para la persona afectada por la coyuntura, la situación previa era poco menos que "de muerte civil". "Casi no podía tomar decisiones sobre su vida", apuntaba Torcuato. "Ni firmar documentos ni realizar trámites burocráticos: nada de nada", matizaba.

Llegados a este punto, hay que aclarar una cosa: no es que la disposición haya derivado o vaya derivar en que las personas con minusvalía dejen de necesitar apoyos externos, pero sí va a posibilitar a estas tener cierto control adicional sobre sus vidas, por lo que el avance en materia de equidad es del todo innegable.

Teniendo en cuenta todo lo que, a efectos prácticos, supone la ampliación de este particular catálogo de derechos, Recover considera "necesario" instruir en la materia a "operadores jurídicos, abogados, jueces y fiscales", pero, también, "a las propias familias". El abogado lo tiene claro: "Esto, hay que hacérselo llegar a todo el mundo".