El TS revisó ayer a puerta cerrada los recursos, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitara en abril pasado que se eximiera al Gobierno Ceutí y a Mensajeros del pago de la indemnización. El fiscal argumentó que la oenegé es «una asociación sin ánimo de lucro», por lo que obligarle a abonar parte de la pena supondría forzarle a desviar fondos destinados a «otros fines sociales de atención a la infancia y la juventud, sin fundamento legal suficiente» .
La Audiencia Provincial de Zamora consideró en su sentencia del 28 de octubre del año pasado que ninguna de las dos instituciones había aplicado las medidas de control necesarias para evitar el asesinato. En el fallo se hizo constar que el Gobierno ceutí «generó un riesgo» que derivó en el asesinato y falsificó la edad del joven para que pudiera acogerse al programa de integración.