El PP cree que "otra forma de gobernar es posible". Se refiere al gobierno de Pedro Sánchez, pero serviría también para enmendarle la plana a Rajoy que tampoco se preocupó por la 'okupación'. Así, los populares han lanzado este jueves la que ellos mismos bautiza como "la primera Ley Feijóo" para incidir en combatir el fenómeno de la okupación. Un fenómeno que según todas las estadísticas fue a la baja en 2022 y en 2023 y que es el asunto que ha elegido el partido atender en su primer proyecto de Ley.

Esa "primera ley Feijóo" ha desembarcado este jueves en el Senado. Al hilo de esta, Alberto Núñez y los suyos han subrayado que "existe una alternativa política que se preocupa y ocupa de los problemas reales de los españoles y que trabaja para resolverlos en vez de para crearlos y alimentarlos", según se recoge en el comunicado del que se ha hecho eco el Partido Popular de Ceuta. Esa alternativa, claro, son ellos mismos, que se desempeñan incansablemente para "evitar conductas delictivas" como es el caso de la Okupación.

¿Cómo se evitan esas conductas delictivas? Con la receta habitual del PP de toda la vida y también de VOX más recientemente, endureciendo el Código Penal, sin plantear un ataque al fondo del problema. Así los populares plantean "cambios que permitirían proteger la propiedad privada, endurecer las penas por okupación ilegal, facilitar el desalojo e impedir el empadronamiento en las viviendas okupadas". La propuesta recoge, además, "procedimientos de enjuiciamiento rápido" y el establecimiento de "penas para aquellos que alienten o fomenten la okupación", así como mecanismos para que las comunidades de propietarios puedan "actuar en los procesos judiciales contra los okupas y adoptar medidas preventivas".

Y aquí es obligado matizar para no ser meros altavoces del miedo. Las facilidades para el desalojo ya existen cuando se trata de un allanamiento de morada. Si usted al llegar a su vivienda habitual se encuentra a unos enfurecidos okupas fumando canutos en el salón, jugando al parchís, redecorándole el salón o haciendo terapia de sanación siguiendo las instrucciones de la Orden Prístina para la Perfección Paradisíaca, debe saber que la Policía Nacional va a sacar a esos desalmados ipso facto de su vivienda habitual. Y otro tanto de lo mismo si le sucede esto al llegar a su residencia de vacaciones. Son allanamientos de morada y suponen apenas el 5 por ciento del total de okupaciones que se registran y calculan en España. Otra cosa es que usted tenga una caserío deshabitado por el que no va hace 5 años, o desde que lo heredó, o una nave industrial en un polígono o un edificio público que está en desuso y se lo okupen, en ese caso se trata de un delito de usurpación y el cauce y los procedimientos son distintos. Y es probable que la desokupación rápida a la que se refiera el PP sea para estos casos.

El PP sigue insistiendo desde la pasada campaña electoral en un número, en situar en 100.000 los inmuebles okupados: "En España hay 100.000 inmuebles okupados", han insistido este mismo jueves en su nota. Una cifra que atribuyen al actual Gobierno sdocialista: "El fenómeno no ha dejado de crecer desde que Sánchez gobierno; las denuncias se han incrementado en un 37 por ciento", dice el PP.

La realidad es otra bien distinta. Ni sumando todas las okupaciones estimadas por diversas fuentes como el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Estadística y el Consejo General del Poder Judicial durante los últimos 5 años se llega a esa cifra. En 2022 las okupaciones estimadas bajaron levemente, al pasar de las 17.274 de 2021 a las 16.726 de ese año. Y durante 2023 trimestre a trimestre la cifra había seguido bajando a falta de completar la estadística del año entero.

En lo que sí lleva razón el PP es en que la Okupación está en niveles récord. Y hay un notable incremento si se parte de la cifra de 2016, cuando se contabilizaron 9.998 okupaciones.  Ahí sí, si se toma como referencia 2016 y se compara el dato con el de 2022 las okupaciones se habrían incrementado no un 37 por ciento como estima el PP sino un 67,29 por ciento.

Como el asunto fue objeto de arduo debate durante la reciente campaña electoral de las Generales y las municipales, los medios nacionales ya se lanzaron entre abril y julio a diseccionar las estadísticas y puede encontrar enfoques para todos los gustos. Desde generalistas de izquierdas que desinflan el problema, hasta medios algo más a la derecha, diarios económicos, o verificadores de información.

Esta "primera ley Feijóo" está basada en "la tolerancia cero con la okupación", una tesitura que -dicen desde el PP- "nada tiene que ver con aquellos que tienen dificultades para acceder a una vivienda", puesto que "los okupas son delincuentes organizados". Y ahí sí se toca un poco el problema de fondo, las enormes dificultades para acceder a la vivienda que siguen teniendo muchas personas y gran parte de las clases bajas de la población. Aquí convendría recordar algún dato más, en España hay unos 4 millones de viviendas vacías. Y en otro punto de la estadística también se señala que más del 90 por ciento del problema de okupaciones quienes lo están sufriendo son los denominados fondos buitres como tenedores de grandes parques inmobiliarios.

Y en este fondo de la cuestión sí ha entrado la senadora por Ceuta, Cristina Díaz, de los populares al hacerse eco de esta primera Ley Feijóo: "Claro que entendemos que hay personas y familias que tienen problemas para acceder a una vivienda, pero les queremos recordar a los socialistas que llevan gobernando cinco años y que la única realidad es que el precio del alquiler ha subido de media un 40% y que el precio de la vivienda libre también lo ha hecho", exponía Cristina Díaz. "Las personas vulnerables necesitan ayudas y protección, no promesas como las que ha hecho hasta ahora el Gobierno de Sánchez", apostillaba en referencia a las "400.000 viviendas" que prometió construir y que obviamente unos pocos meses después la cuenta de las ya levantadas es "cero".

En Ceuta también se ha disparado el alquiler en los últimos meses y aquí el Gobierno de la Ciudad, en manos populares desde hace más de 2 décadas, lleva una sin poner un sólo ladrillo de vivienda pública.

Pero como sea la Ley Feijóo donde pone el punto de mira es en los delitos de okupación y ahí, los populares tienen claro que "es necesario modificar el marco legal para plantar cara a la usurpación de viviendas y evitar distorsiones". "Hay preservar un bien jurídico que aún no se había tenido en cuenta como es la convivencia vecinal pacífica y respetuosa", defiende la formación, que amplia: "Hay que plantar cara a los problemas reales de la gente".