Caballas instará al Pleno a reforzar la defensa de la "dignidad" de los consumidores


Caballas instará al Pleno a reforzar la defensa de la "dignidad" de los consumidores

- La coalición recaba un informe jurídico sobre la posibilidad de actuar frente a abusos "injustificados" para evitar colas y esperas como las que se dan en la Empresa de Alumbrado

- Ceuta cuenta desde hace más de diez años con un Consejo de Consumo de eficacia muy limitada

Caballas instará este mes al Pleno a dar pasos en favor de "la dignidad de los consumidores de Ceuta” regulando de alguna forma, pese a la falta de competencia legislativa de la Asamblea, la atención a la ciudadanía cuando los requerimientos de distintos servicios y empresas dan pie a exigencias “injustificadas” o a “abusos” que van en detrimento de los derechos de las personas.

La formación localista ha recabado un informe jurídico que recuerda que el Estatuto de Autonomía reconoce a la Ciudad Autónoma “la competencia en materia de defensa de los consumidores y usuarios”. Cuatro años después de su aprobación, en 1999, a través de un Real Decreto, la Administración autonómica recibió el traspaso de funciones y servicios del Estado para “la efectiva asunción de la misma” en materia de “administración, inspección y sanción, así como la potestad normativa reglamentaria para la organización de los correspondientes servicios”.

Según han detallado fuentes de la formación que lidera Mohamed Ali, hasta la fecha solamente se ha aprobado el Reglamento del Consejo Ceutí de Consumo, que tiene entre otras “la función de emitir informes y la formulación de propuestas”, así como de plantear “cuantas iniciativas se estimen de interés para los consumidores”. Lo preside el consejo competente, ahora Adea Nieto, y se concibió como “un canal permanente de participación y consulta de las organizaciones de consumidores y usuarios y las asociaciones empresariales en la programación general de la Consejería” y tiene “funciones de asesoramiento respecto a los proyectos de disposiciones que la Ciudad prepare al respecto”

Para Caballas se trata de una herramienta “poco eficaz” a los fines pretendidos, que pasan por acabar con las “insoportables” colas que “casi a diario” se encuentran los ciudadanos “en oficinas como las de la Empresa de Alumbrado”.

De acuerdo con el dictamen solicitado por la coalición, la Ley establece desde 2007 como infracción “las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate” pero un precepto tan “vago” necesitaría de “un desarrollo normativo por parte del Pleno.

En este sentido, para Caballas sería un modelo a seguir la legislación andaluza, que por ejemplo veta expresamente “imponer injustificadamente el deber de comparecer personalmente para ejercer derechos o realizar cobros, pagos o trámites similares”.

Igualmente considera como infracción el trato “con desatención o desconsideración hacia los consumidores, incluidos los retrasos y esperas excesivas o el trato inadecuado”, así como “exigir de forma abusiva la cumplimentación de impresos y la aportación de datos que impongan molestias desproporcionadas" u "obstaculizar, impedir o dificultar que los consumidores puedan ejercer sus derechos”.