Ceuta Ya! ha insistido este miércoles en la sesión de Control al Gobierno en defender su postura, exclusiva y única en toda la ciudad, de defender la bondad del cambio en el sistema de bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social. Maquillado dentro de una pregunta poco concreta para lo que se viene estilando en estas sesiones y de calado más político, el portavoz localista, Mohamed Mustafa, ha rayado el populismo en alguno de sus argumentos al generalizar en algunas cuestiones. La consejera de Hacienda del Ejecutivo, Kissy Chandiramani, le ha replicado con datos contundentes que sustentan la postura del Ejecutivo y que vienen a demostrar consecuencias nefastas para el tejido productivo tras el cambio aplicado sin consenso por el Gobierno Central.
Chandiramani ha lanzado que las contrataciones durante el periodo navideño han caído en Ceuta un 23 por ciento respecto al mismo periodo de un año antes. Cualquier comercio que haya querido reforzar su plantilla para atender el aluvión de clientes en ese periodo ha pagado en Seguridad Social doble que un año antes por esos refuerzos. Tiene lógica el dato.
A eso ha sumado otro más, cuya fuente son las asesorías de la ciudad y el propio SEPE, sólo 18 de los miles de contratos firmados durante el útlimo trimestre del año son susceptibles de acogerse al nuevo sistema de ayudas que suple la bonificación automática del 50 por ciento.
Y uno más. Sujeto a una polémica que es probable que sea artificial, Chandiramani ha lanzado otra cifra: 35 millones de euros anuales. Eso es lo que ponía el Estado en Ceuta en concepto de bonificaciones a la Seguridad Social hasta el pasado 1 de septiembre. Son 35 millones de euros que cuando los contratos aún sujetos a bonificación expiren, se habrán ahorrado las arcas estatales y que pagarán de su bolsillo, o como mínimo adelantarán las empresas y autónomos locales.
Chandiramani no ha llegado a imaginar las consecuencias que esa cifra, los 35 millones, pueden tener en costes reales de intereses de financiación, dado que la mayoría de las empresas funcionan con dinero adelantado por las entidades bancarias.
Más allá de las cifras, Chandiramani ha hilvanado el caos burocrático al que la nueva norma somete a los empresarios para poder recibir las ayudas. Sólo pueden aplicarse a trabajadores contratados con 3 meses de antigüedad en el paro. Para los que tengan salarios superiores a 1.700 euros conllevan trámites extras, o incluso esperar a que el Gobierno dote la partida en los Presupuestos Generales del Estado, crear acciones de formación para esos trabajadores, solicitar la subvención, esperar que se conceda (como mínimo un año para pedirla), pagar de momento la cuota íntegra de Seguridad Social, y en el caso de que se conceda, tributar esa ayuda. Contra todo ese recorrido ha opuesto Chandiramani el anterior sistema: “Viene a decirnos que un régimen en el que yo contrato y tengo bonificadas al 50 por ciento las cuotas de Seguridad Social desde el día 1 que contrate es peor que todo ese lío. No puedo entenderlo”, ha apostillado Chandiramani.
La consejera ha acusado a Mustafa de presentar la interpelación “para justificarse, para explicar un poco más porqué es el único que está a favor del nuevo régimen. Para explicarlo un poco mejor, porque la verdad es que nadie puede entender que usted siga erre que erre, defendiendo lo indefendible”, le ha replicado Chandiramani.
Antes, Mustafa, sin datos contundentes sobre los beneficios que tendrían que verse ya de la aplicación de la medida desde el pasado 1 de septiembre, ha afirmado que “el nuevo régimen implica más dinero para Ceuta y mayor bonificación para los salarios inferiores a 1.700 euros, que son la mayoría, eso sí, a cambio de una serie de requisitos para los empresarios que son: que se hagan más contratos indefinidos, que no se despida o que se esté al día con Hacienda y la Seguridad Social. Cuestiones con las que creo que todos deberíamos estar comprometidos”, ha defendido.
Como es habitual, en el lenguaje usado se da ya una evidencia de las cosas, Mustasfa sigue usando el término bonificaciones, cuando en realidad, las bonificaciones como tal y como se entienden en el negocio empresarial y en la Adminsitración han desaparecido como tal. Son en todo caso subvenciones. De ahí que haya que tributarlas. Las bonificaciones significan que la empresa sigue tributando, pagando a la Seguridad Social por el 100 por 100 que establece la Seguridad Social en cada caso, pero el Estado bonifica, esto es paga, la mitad. Eso como tal ha desaparecido.
Mustafa, ha usado en su defensa, las palabras de la Delegada del Gobierno, Cristina Pérez, que recientemente defendió que los datos de Seguridad Social seguían siendo buenos, a pesar del cambio, al tiempo que se comprometía a mediar para volver al sistema anterior de bonificaciones.
Esas palabras las ha interpretado Mustafa como un aval a sus posiciones, al menos a la mitad de ellas. Aunque él mismo también ha hecho una concesión, nada más iniciar su argumentación. Ceuta Ya! está en contra, como manda su trayectoria política en defensa del localismo y de Ceuta, de que el Régimen Económico y Fiscal se pueda cambiar sin la obligación de negociarlo con Ceuta por parte del Gobierno de la Nación.
Así ha recordado que en su postura a favor de “blindar el REF” su grupo planteo una propuesta a tal efecto que el PP votó en contra. Pero aún así, esa parte del cambio, que se haya ejectuado sin consultar con nadie en Ceuta es una de las piedras angulares en la posición del Gobierno de la Ciudad, de los empresarios y de los sindicatos. Ahora parece que también de Ceuta Ya!. Pero sólo hasta ahí.
Porque uno de los reproches habituales en la discusión entre los localistas y el Gobierno por el asunto, Chandiramani le suele recordar a Mustafa que está solo en su postura y que la Mesa de Diálogo Social y el propio PSOE local son unánimes a la hora de reclamar la vuelta al régimen anterior al 1 de septiembre de 2023.
Y para defenderse de eso, Mustafa ha optado por una vía un tanto complicada por la generalización y la descontextualización. Al hilo de los requisitos citados por él, que no son los únicos, para poder beneficiarse ahora de subvenciones a las cuotas de la Seguridad Social: mantener el empleo, y estar al día con la Administración, ha afirmado:
“Yo entiendo que haya ciertos empresarios que no les guste. Es normal. Tampoco les gustaban las vacaciones pagadas, los derechos laborales, las subidas del Salario Mínimo Interpreofesional, el pago de impuestos, el derecho a huelga o el derecho a sindicarse. Es comprensible que haya determinados empresarios a los que no les gusta que se le exija compromiso con sus empleados, que haya empresarios que quieran tener total libertad para contratar como quieran y que encima el Estado les premie. Es normal que haya empresarios con esta mentalidad, lo que es menos explicable es que desde poderes públicos y partidos políticos, como es el caso del PP, se opte por este planteamiento”.
Ese “ciertos empresarios” al que parece querer circunscribir esas posturas malvadas no sería una generalidad si no fuera porque en realidad, Mustafa es plenamente consciente que no son unos pocos empresarios los que se quejan sino sus representantes oficiales a través de la Confederación de Empresarios Ceuta y de la Cámara de Comercio, en este segundo caso cabe recordar que a la Cámara pertenecen todas y cada una de las empresas locales y todos y cada uno de los autónomos, y que en este caso, ninguna asociación patronal ha esbozado la más mínima duda sobre el asunto. Ni tan siquiera se conoce alguna voz a título individual que no se haya alineado con el regreso al sistema de bonificaciones.
En este caso concreto, Ceuta Ya! rema incluso en contra de la posición de los sindicatos. Este miércoles Mustafa les ha lanzado que “se equivocan”. Y ha defendido que por ser de izquierdas no tienen que estar obligatoriamente de acuerdo con todo lo que hacen los sindicatos. Y al revés, le ha dado la vuelta a la pregunta y ha señalado que deberían ser los sindicatos de clase los que se pregunten por qué están en contra de una medida propuesta por un Gobierno progresista.
Call Center
En medio de ese ataque o esa defensa según se mire, Mustafa ha asumido también las tesis del sindicato CGT que acusa al call center quebrado de ser un “chiringuito” de amigos del Gobierno. Para afear al Ejecutivo las ilusiones defraudadas: “Iban a crear 200 puestos de trabajo y han acabado con una demanda de 33 trabajadores despedidos”, le ha afeado Mustafa.
“No es un chiriguito”, se ha defendido tajante Chandiramani. La consejera ha sido tajante al afirmar que van a seguir apoyando e intentando todas las iniciativas que contribuyan a generar un nuevo tejido económico basado en la tecnología. Y ahí, de nuevo ha dado un dato: sólo 2 de cada 10 startups llegan a cumplir un año. “Nosotros vamos a seguir intentándolas todas”, ha dicho.
