La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Inmaculada Ramírez, ha llevado este martes en forma de interpelación al Pleno la moción que la Cámara autonómica aprobó por unanimidad en junio para instar a Telefónica a que no dejase sin teléfono público a la barriada del Sarchal. Y lo ha hecho con un as en la manga para sumar a sus críticas habituales al Gobierno de Vivas por no hacer "nada" y por no cumplir los mandatos del Pleno la de estar "descoordinados".

Ramírez ha preguntado a la titular de Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías, Kissy Chandiramani, qué ha hecho durante los últimos cinco meses para evitar la retirada de la cabina, que a juicio de los socialistas es "necesaria" para no dejar a los vecinos del Sarchal sin posibilidad de comunicación "en los casos en los que se carece de línea en casa y en una zona en la que la cobertura de telefonía móvil es muy débil".

La consejera le ha replicado que el Ejecutivo medió para evitar que se quitara la cabina, pero que Telefónica "es una empresa privada" y que, como tal, toma sus decisiones sin que la Ciudad pueda obligarla a hacer lo contrario. En este caso, ha explicado Chandiramani, el teléfono público se quitó por "falta de uso".

En su turno de réplica la portavoz socialista ha esgrimido, sin embargo, un convenio entre la Ciudad y Telefónica por la que esta abona 6.000 euros al año a la Administración local y que, según Ramírez, sí faculta al Gobierno para exigirle determinadas cosas, algo que Chandiramani negó rotundamente.

Además, Ramírez ha denunciado que sólo cinco días después de que el Pleno aprobase por unanimidad interceder ante Telefónica para no dejar al Sarchal sin teléfono público el consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, autorizó la retirada de la cabina con el requerimiento de que la vía pública quedase en debidas condiciones, algo que según el PSOE no ha cumplido la compañía a fecha de hoy.

"¿Es que uestedes no se coordinan? ¿Es que ustedes no hablan entre sí?", ha preguntado Ramírez, que ha sumado a sus reproches el que la Comisión encargada, también a instancias del Pleno, de estudiar el cumplimiento por parte del Ejecutivo ceutí de las mociones aprobadas en la Cámara sólo se haya reunido tres veces, la última hace más de un año.