El Partido Popular ha reunido en Córdoba a una buena parte de los cargos del partido, para suscribir de forma expresa con “las autonomías gobernadas” por los suyos, también Ceuta, un manifiesto o declaración en la que se reafirma “con la Constitución, con España y contra la corrupción política y económica del PSOE”. Por Ceuta ha estado en el cónclave, Alberto Gaitán.

Los populares activan así un frente político de oposición total al Gobierno de Pedro Sánchez, poniendo las instituciones que gobiernan a disposición de la lucha partidista y en el que la Ciudad de Ceuta, gobernada por Juan Vivas, está alistada para la batalla.

La intención del partido es que las autonomías, que como institución representan también a los que no votaron al PP, acusen al PSOE de “corrupción política y económica” y de estar vendiendo España a cachos. Ejemplo:

“Rechazamos con toda contundencia que el actual Gobierno Central haya elegido vivir permanentemente extorsionado por el independentismo”. Instalándose así en la confrontación absoluta con la idea del PSOE de buscar con sus políticas hacia Cataluña la normalización política y la convivencia como han venido defendiendo hasta ahora.

“La democracia española atraviesa hoy uno de los momentos más graves de su historia. Aunque la Constitución siempre ha contado con detractores en los partidos independentistas, éstos nunca como en la actualidad habían tenido tanta capacidad de influencia en el proyecto común de 48 millones de ciudadanos”, recoge el texto en su punto primero.

Como desde el PP se ve al Partido Socialista nadando en “la extrema debilidad” y “sometido por voluntad propia al chantaje de los independentistas”, las autonomías gobernadas por el PP y sus firmantes muestran su “rechazo frontal a la Ley de Amnistía, que es corrupción política, y nuestra voluntad de trabajar para frenarla ante todas las instancias posibles”.

Para las autonomías gobernadas por el PP la Amnistía será la consumación del “mayor ataque a la igualdad entre españoles y al Estado de Derecho con la aprobación de una Ley de impunidad que blinda el privilegio, la desigualdad y el olvido”.

Las autonomías gobernadas por el PP también rechazan “toda forma de corrupción económica: exigimos al Ejecutivo explicaciones y dimisiones por la trama beneficiada en medio de la pandemia y el torpedeo a la investigación”.

“Nos sentimos más convocados que nunca a revertir desde nuestras responsabilidades las desigualdades que se están generando. La igualdad no es una opción, es un derecho de todos los españoles”, recoge el cuarto punto del texto.

Y para explicar este cuarto punto, los populares recuerdan que gobiernan “para el 70 por ciento de la población”, cuando parece fácil de entender que en esta iniciativa haya que descontar a los votantes de cada región que optaron por el PSOE en las pasadas elecciones, que difícilmente podrán encontrarse representados con los durísimos postulados de la declaración.

“Reiteramos la exigencia de que se convoque de forma inmediata la Conferencia de Presidentes, así como el resto de foros multilaterales en los que se deben tratar los asuntos comunes”, reza el quinto punto, ahondando en el discurso del propio Feijóo y otros presidentes autonómicos en las últimas semanas que han venido reclamando el cónclave que junta a los presidentes de las autonomías con el del Gobierno y sus ministros.

“Seguiremos gestionando con eficacia y lealtad para construir desde cada rincón de España una Nación plural de ciudadanos libres e iguales”, recoge la explicación al sexto enunciado: “Renovamos nuestro deber de defender y reforzar el sistema autonómico”.

Y como último punto, por si alguien tuviera la tentación de tratar de convocar algún referéndum vinculante, el PP “sí afirma categóricamente que el futuro de España corresponde decidirlo a todos y cada uno de los españoles”.

El texto completo de la declaración se puede leer pinchando en este enlace