El pasado mes de septiembre, la diputada de Vox, Teresa López, se dirigía al Gobierno de Sánchez para preguntar por qué sigue financiando proyectos para fortalecer las capacidades operativas de las instituciones marroquíes cuando la política del reino alauí “es manifiestamente hostil contra los intereses nacionales españoles, en especial, para Ceuta y Melilla”. Una financiación que el Gobierno entiende como cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la inmigración
Frente a las alertas de un presunto “rearme de los países vecinos del sur” que blande Vox, el Gobierno insiste que la eficacia en la lucha contra las redes de migración irregular y de trata de personas con destino a nuestro país “requiere de una estrecha cooperación bilateral con países de origen y tránsito” así como del “fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad encargadas de la vigilancia de fronteras y de la lucha contra la delincuencia organizada en esos países”. Los proyectos para “fortalecer las capacidades operativas de las instituciones marroquíes”, asegura el Ejecutivo de Sánchez, van en línea con estas dos necesidades.