El consejero de Fomento del Gobierno de Ceuta, Néstor García, ha rechazado este lunes en el Pleno una propuesta de Caballas para modificar el Reglamento de Adjudicación de Viviendas y elevar al 95% las bonificaciones en los alquileres de VPO para las unidades familiares que perciban en su conjunto menos de 9.000 euros al año. El Ejecutivo local del PP considera que las ayudas actuales, que pueden llegar hasta un 60% de rentas y "que son de por sí bajas", son suficientes y que hay que garantizar que "quien tenga recursos pague".

El miembro del Ejecutivo ha lamentado que la oposición no haya formulado ninguna propuesta al borrador de nuevo Reglamento que se puso sobre la mesa en otoño y ha considerado "suficiente" la bonificación vigente, que alcanza el 60% de unas cuotas de arrendamiento "ya de por sí bajas".

Según García, por una vivienda de las 317 VPO un inquilino solo paga casi 80 euros, incluido garaje, trastero y comunidad. En las 170, una familia abona unos 130 euros. "Nos parece poco y no sé si la cuestión es que no se pague nada pero nosotros somos sensibles y no ha habido ni un solo procedimiento monitorio que haya terminado en desahucio o rescisión de contrato cuando se trata de personas con problemas económicos", ha argumentado.

El Gobierno ha defenddo que los expedientes se abren a quienes se sabe que sí tienen recursos pero, sin embargo, no hacen frente a sus obligaciones y que lo hay que hacer es "evitar que se contagien y digan que no pagan porque otros tampoco lo hacen".

Ali ha reprochado al consejero que hable de "quienes sí tienen recursos" y ha alertado de que "la humillación de los necesitados es un mal germen". El líder de Caballas ha explicado que "la realidad nos ha mostrado que en un contexto social marcado por la crisis, el paro y la pobreza, este mecanismo resulta claramente insuficiente" y que "son muchos los casos de familias cuya situación económica, lamentablemente, les impide hacer frente a los pagos pero la respuesta, hasta ahora, consiste en 'acordar' aplazamientos y 'calendarios de pago' a sabiendas de que no podrán cumplir".

Caballas considera que esta situación supone para la Administración "un motivo de complicación y gasto en la tramitación de expedientes" y para las familias afectadas "una permanente e injusta congoja" que acaba dejando al Gobierno la potestad de "la subordinación de los pobres, que parece que se quedan en sus casas por favor, porque quiere el Gobierno".

El PSOE ha reclamado una reforma "en profundidad" del Reglamento, vigente desde hace doce años.