Para el principal partido de la oposición, el cese de Luis María Fernández como subdirector general de menores llega tarde “porque la inoperancia, ineptitud y nula capacidad de gestión de ésta persona era sobradamente conocida, no sólo por el propio equipo de Gobierno, sino también por la ciudadanía en general. Y así mismo, la utilidad y eficacia del cargo en sí era absolutamente irrelevante, quedando una manifiesta una intención de expandir la madeja de agradecidos del PP dentro de la administración como único argumento valedor de este cargo y su posterior nombramiento”.

Un cargo, que cuando fue nombrado, denunció UDCE en sesión plenaria, dado que para ostentar dicho cargo se requería del candidato la condición de funcionario, algo que no reunía el “ahora” incómodo Luis María Fernández, y que el Gobierno, con Juan Vivas a la cabeza, se pasó a la torera para nombrar de forma irregular a este personaje.

“Es un cese que llega mal y tarde porque la ristra de irregularidades en el Centro de Menores Punta Blanca no le pasó factura en su debido momento, porque el Gobierno permitió a este cargo seguir adelante tras la algarada y acoso orquestado por este señor y el exvicepresidente, Pedro Gordillo, a este grupo de la oposición durante una sesión plenaria en el transcurso del debate que suscitó la solicitud de UDCE de una comisión de investigación en Punta Blanca, y sobre todo, porque tras agredir a un representante sindical, y ser condenado por ello, se le siguió dando carta blanca. Un rosario de episodios bochornosos que parecían demostrar la existencia de una patente de corso al señor Luis María Fernández, una patente que venía directamente del despacho de Pedro Gordillo”.

Además, para el partido de Mohamed Alí se trata de un cese que llega mal porque se le cesa durante la celebración del Consejo de Gobierno del pasado martes, y en la correspondiente comparecencia de la portavoz del Gobierno, se omite de forma deliberada dicho cese. “Acto deleznable y reprobable dado que el Gobierno, ocultando esta información, pretendía que el hecho pasase desapercibido para la opinión pública en un claro intento de censura y opacidad política. Además, a estas alturas, nadie se cree que el cese del subdirector del Área de Menores haya sido cosa de la Consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez. Estamos sin duda en el inicio de una caza de brujas organizada por el partido popular que busca ‘borrar del mapa’ a aquellos que fueron los acólitos más destacables de Pedro Gordillo. Algo que sin duda nos suscita nuestra mas enérgica repulsa, dejando a la vista la utilización patrimonialista que hace de las Instituciones el PP relegando al ostracismo el interés general que debe regir la acción de cualquier gobierno.

Por todo ello, UDCE insta al Gobierno de la Ciudad a que “dé la cara” y explique las verdaderas razones ocultas tras el mencionado cese, recordándole que, si en un plazo prudencial no las diese, este grupo político trasladará este debate a sesión plenaria mediante la correspondiente interpelación al Gobierno.