La reforma laboral vuelve a estar en escena, tras la presentación en el Congreso de la Ley de Economía Sostenible [que sucedió en medio del mayor ataque de onanismo bitacoril de la Blogosfera española].

Hace varios meses Senserrich y Citoyen propusieron un nuevo modelo de indemnización por despido. Si no he entendido mal la idea se centra en que la indemnización por despido no las pagaría las empresas, sino un seguro obligatorio (como la Seguridad Social) que tendrán que pagar por cada trabajador.

De esta forma si una empresa se propone despedir a un trabajador no tendrá que afrontar el pago de una indemnización con independencia de cual le sea la cuantía del despido. Evidentemente se contemplan en el esquema general una serie de carencias y de recargos, como en todos los seguros.

Los proponentes consideran que ésta sería una buena forma de romper el mercado laboral dual que tiene y padece nuestro país, que hace forzosamente imprescindibles a unos trabajadores a costa de que otros sean carne de contrato temporal.

He reflexionado mucho la idea y le he dado vueltos sobre su factibilidad y sus problemas. Y como creo que el debate se anima planteando objeciones voy a exponer someramente las mías.

En primer lugar es que este seguro no tiene que ser necesariamente un seguro público, sino que podría serlo privado de suscripción obligatoria. De hecho nada impide, creo, a día de hoy que las empresas privadas de seguro ofrecieran ese producto a las empresas, aunque evidentemente no se lo ofrecerían a todas, sino a las que tengan menos posibilidades de despedir.

Hay que tener en cuenta, en todo caso, que este nuevo seguro obligatorio sería un coste que añadir a la contratación de un trabajador. Un coste que muchos empresarios considerarían inasumible o una dificultad añadida a la contratación. Además, al menos para mí, es difícil cuantificar ‘a priori’ el coste por trabajador.

La estructura salarial en España se basa, a día de hoy en la antigüedad. Básicamente los incrementos salariales se dan por los años de permanencia en la empresa. Así podemos concluir todos que las horas más caras que paga una empresa son las de sus trabajadores con más años de permanencia.

En la actual regulación un trabajador con más antigüedad cuenta con más protección frente al despido, ya que su indemnización en caso de despido improcedente, nulo u objetivo es mayor que la de un trabajador con uno, dos o tres años de antigüedad en la empresa. Si por el mismo coste una empresa puede deshacerse de sus trabajadores más costosos, elegirá esta opción.

En el caso de que se estableciese esta iniciativa, los empleados más caros empezarían a ir desfilando uno tras otro y nos encontraríamos con unos milloncejos de parados de entre 45 y 65 años, que son difícilmente recolocables, se irían al paro a agotar sus prestaciones, con un gasto inmantenible para el Estado, y una vez agotado la nada.

Este cambio sería una reconversión radical, pero de un tamaño tal que las reconversaciones industriales y las privatizaciones del INI parecerían una partida de parchís comparadas con el conflicto social que iba a provocar. Finalmente solamente quiero indicar que las personas de mayor edad son menos abstencionistas que los de menor edad, por si alguien se pregunta por el asunto de las opciones políticas por la juventud.