Día grande en la comisión parlamentaria que investiga en las Cortes valencianas el descalabro de la CAM. Están citados los exdirectores generales Roberto López Abad, su sucesora en el cargo, María Dolores Amorós, y Daniel Gil Mallebrera, director general adjunto para proyectos inmobiliarios.

Gil Mallebrera ha sido el primero en comparecer. Ha llegado puntual, a las 10.30, y ha esperado pacientemente sentado en un sofá a que los diputados constituyeran la comisión. Pero una vez en la sala, el antiguo ejecutivo de la CAM se ha acogido al derecho a no declarar dado que está sometido a un procedimiento judicial en Alicante como empleado de la CAM. "Al objeto de evitar que se tergiversen mis declaraciones", ha alegado. Gil Mallebrera está imputado en el caso Brugal, que investiga toda una trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja.

Los diputados presentes en la comisión parlamentaria, sin embargo, han formulado sus dudas respecto a la gestión de Mallebrera para que consten en el acta de la comisión. Tanto Lluís Torró, de Esquerra Unida, como Mireia Mollà, de Compromís, han reclamado al compareciente para que dé explicaciones sobre créditos a determinadas empresas o "productos tóxicos".

El socialista Ángel Luna no se muestra sorprendido por la renuncia a declarar de Gil Mallebrera: "Esperaba algún tipo de estratagema para no decir nada", afirma, "usted tiene muchas cosas que ocultar".

Informes de los técnicos del Banco de España apuntan directamente a López Abad y Gil Mallebrera como máximos responsables de varias “operaciones singulares” desarrolladas por la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), una sociedad constituida en junio de 2002, un año después de la llegada de Roberto López Abad a la dirección general de la caja alicantina, y que tomó participaciones minoritarias en varios proyectos inmobiliarios para captar subrogaciones hipotecarias y para obtener beneficios de los desarrollos urbanísticos. Cando estalló la crisis inmobiliaria, TIP se dedicó a salvar a los socios y a tragarse las pérdidas. Compró activos inmobiliarios y amplió sus participaciones en promociones en marcha, en algunos casos hasta el 100%. El resultado para la CAM fue incurrir en unas pérdidas de 1.011 millones de euros.

Luna ha preguntado a Gil Mallebrera por la gestión de la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones. También le ha pedido que aclare el uso de empresas que trabajan en paraísos fiscales. El diputado socialista esgrime una nota manuscrita, supuestamente redactada por el propio Gil Mallebrera, que lee: "Échale imaginación. El Banco de España ha pedido el expediente y tenemos que conseguir que no nos lo califique".

David Serra, del PP, ha expresado la "indignación" de su grupo ante el silencio del responsable de proyectos inmobiliarios de la CAM y ha asegurado: "No vamos a cejar en las posibilidades de que comparezca y dé explicaciones". Serra también ha preguntado por Tenedora de Inversiones .

La siguiente comparecencia corresponde a María Dolores Amorós. La sucesora de Roberto López Abad en la dirección general que acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros y, 30 días después, cerró su contrato y pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, un total de 369.497 euros anuales.

Los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acordaron destituirla en agosto de 2011. En septiembre quedó claro que as irregularidades detectadas CAM sobrepasaban todas las líneas rojas y los tres gestores del fondo de rescate decidieron que Amorós debía abandonar su puesto inmediatamente sin derecho a indemnización. Los técnicos del Banco de España atribuían a la exdirectora general ejercicios de "contabilidad creativa" en alguna operación concreta, cuyo resultado fue un beneficio para Amorós. La exirectora general recurrió la decisión y reclamó diez millones de euros por despido improcedente. No obstante, la juez declaró procedente su despido.

La Audiencia Nacional, dentro de la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la caja, admitió, el pasado mes de marzo la personación de 300 clientes de la CAM como acusación particular. Los querellantes piden la declaración como imputados de una decena de antiguos gestores de la caja alicantina, entre ellos, la última directora general de la CAM, María Dolores Amorós, y su antecesor en el cargo, Roberto López Abad.