Taifas togadas


Taifas togadas
El otro día el periódico ‘La Razón’ recogía las declaraciones de uno dirigente de una asociación conservadora de jueces que pedía la devolución de las competencias autonómicas de Justicia al Estado, pero no para que lo ejerciera el Ministerio correspondiente, sino para que todas ellas acabaran en manos del Consejo General del Poder Judicial, disolviéndose [...]

El otro día el periódico ‘La Razón’ recogía las declaraciones de uno dirigente de una asociación conservadora de jueces que pedía la devolución de las competencias autonómicas de Justicia al Estado, pero no para que lo ejerciera el Ministerio correspondiente, sino para que todas ellas acabaran en manos del Consejo General del Poder Judicial, disolviéndose el departamento ministerial ahora existente. Dicho sea de paso que esto lo he conseguido sintetizar tras varias lecturas del tortuoso texto elaborado a partir del despacho de la Agencia EFE.

Hay que tener en cuenta que ésta es una vieja aspiración de los sectores más conservadores y corporativistas de la carrera judicial. La consecuencia sería que en manos del órgano de gobierno de los jueces estarían todos los trabajadores de la Justicia y los secretarios judicial (a los cuales me da que no les haría demasiada gracia); serían los administradores de las infraestructuras y elaborarían el Presupuesto, así como quienes establecerían retribuciones, vacaciones y miles de aspectos sumamente importante como dónde se establece un nuevo órgano judicial.

Si miramos en la Constitución cuáles son las competencias del poder judicial (‘juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado’) entran serias dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta corporativa de las asociaciones profesionales, ya que el autogobierno de los jueces es difícil extenderlo por el gobierno de todo lo que tenga que ver con administrar Justicia. Es más, si se mira el organigrama del actual Ministerio de Justicia, lo único que podrían asumir los jueces sería un tercio de las competencias que ejerce este departamento.

En el fondo es modelo de gestión por el que podría optarse. Un modelo en el que habría que destinar a una buena cantidad de jueces no a juzgar sino gestionar muchos papeles que las actuales reformas procesales están quitando, aunque muchos verían reconfortada sus ansias de ser el taifa de su órgano jurisdiccional. Y ése es el problema: la intención. La petición es por una cuestión de sensación de poder y no de prestar un mejor servicio a los ciudadanos


Filed under: Celtiberia, Corporativismo, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Política

Posted originally: 2011-08-21 10:00:55

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