El Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el modelo de convenio con el que se pretende reducir el impacto de la exclusión de los inmigrantes en situación irregular de la cobertura sanitaria pública.

La propuesta, que ninguna Autonomía ha desarrollado, es "una especie de seguro" que tendrá un coste de 60 euros al mes para los menores de 65 años y de 157 para quienes superen esa edad. El pago deberá hacerse por domiciliación bancaria.

En el caso de que el suscriptor de este convenio fuese menor de 65 años y durante su vigencia cumpliera dicha edad, la cuota quedará automáticamente actualizada según el importe previsto para el nuevo tramo de edad. La actualización tendrá efectos desde el primer día del mes siguiente a aquél en que hayan alcanzado los 65 años de edad.

Las cuotas se abonarán mensualmente "dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente" a que la misma se refiera. En caso de impago, la extinción del convenio especial surtirá efectos "desde el primer día del mes siguiente a aquél en que se haya producido el impago de la segunda mensualidad consecutiva o de la tercera mensualidad alternativa".

El modelo de convenio establece que únicamente podrán acogerse a él quienes no tengan acceso a la sanidad pública por otros medios. A los usuarios se les asignará un código de identificación personal (CIP) que servirá solo dentro del Sistema Nacional de Salud ya que, por tratarse de personas en situación irregular, no disponen de permiso de residencia u otro carné que les acredite.