Una situación que no comprende tampoco el Registro de la Propiedad que insta ala Ciudad a que explique porqué decidió pujar cuando no era necesario, en lugar de adjudicarse la finca por el valor de la deuda. “Es un asunto extraño desde el principio que se ha resuelto a gusto de todas las partes”, sospecha Varga. ¿Sospecha de trato de favor”, ha preguntado la prensa, “Esa respuesta la tiene que dar el Gobierno”, rebatió el portavoz de C’s.
Una explicación que ha adelantado ya el Gobierno por medio de su portavoz, Jacob Hachuel, que ha matizado que el registrador no ha rechazado el registro de la parcela sino que ha solicitado documentación “subsanable”, algo que le puede suceder a cualquiera si trata con el Registro de la Propiedad. Así, según explica Hachuel, el registro ha solicitado la peritación de la plaza; pruebas de que el coste no supera el 25 por ciento del Presupuesto de la Ciudad, como exige la Ley de Presupuestos y, la acreditación técnica de que la subasta es el procedimiento adecuado.
Una necesidad de subasta que, explica Hachuel, evita posteriores litigios que habrían dilatado el procedimiento y retrasado el proceso “ocho o diez años”, cuando la prioridad del Gobierno es iniciar los trabajos cuanto antes para hacer realidad una plaza que lleva prometiendo una década.
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