El sesgo de políticas serias en materia de diversidad funcional, refleja la inacción de los que gobiernan nuestra ciudad. Esa falta de visión responsable por parte de la administración ceutí con este colectivo, ha ido creando un impulso de malas praxis hasta tal punto de obviar las necesidades reales de estos ciudadanos que se sienten desprotegidos. La administración está obligada por ley, a proporcionar un entorno propicio para la responsabilidad social, obligando, facilitando y respaldando a estas personas, asegurando políticas y acciones propias de una administración responsable que no es el caso, aplicando criterios que inspiren un carácter de ejemplaridad. La responsabilidad pública institucional brilla por su ausencia, lo cierto es que esta gobernanza pública no desarrolla el conjunto de valores y procesos que les son comunes y que deberían hacer de guía a toda la organización, con rendición de cuentas, apertura, transparencia, responsabilidad, eficiencia, cumpliendo las normas procesales con compromiso y espíritu de inclusión, siendo adalid y piedra angular a la vez.

Estas personas sufren conflictos con el principio de universalidad con los derechos humanos, no encajando con el contexto de las ordenanzas y normativas que actualmente existen en la ciudad siendo obsoletas y escasas de contenido, no son las idóneas para ellas, las cuales en su día a día se encuentran con muchísimas dificultades para acceder a las administraciones públicas y realizar sus gestiones como cualquier otro ciudadano, ya que resulta imposible por las barreras arquitectónicas que se encuentran.

El Ayuntamiento de Ceuta, está convirtiendo en invisibles a estos ciudadanos, sí es cierto que la falta de concienciación es una realidad y no solo por parte de la administración, sino por todo el mundo, los ceutíes también son culpables con algunas actitudes como por ejemplo, dejar un vehículo aparcado sobre la acera, impidiendo el paso a personas que se desplazan en silla de ruedas. Acceder a la Delegación del Gobierno resulta imposible también debido a la cantidad de escaleras con las que cuenta el edificio, dando lugar a que una persona que acuda en silla de ruedas tenga que entrar a día hoy, por el lateral del mismo.

Otra crítica que hay que exponer es el derecho al trabajo en la administración pública, por lo visto el Ayuntamiento de la Ciudad, hace oídos sordos a eso de la inclusión y a los hechos me remito, Amgevicesa, donde se convocan por concurso-oposición en turno libre 61 plazas de auxiliar de servicios, no viéndose reflejada en esta oferta la reserva de plazas para personas con discapacidad. Mi pregunta es que dónde está ese 7% que se debe reservar para estas personas.

Las corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un mes, desde la aprobación de sus presupuestos, la oferta de empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los criterios que establezcan en el desarrollo de la normativa básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las administraciones públicas. Y nadie dice nada, todo el mundo mutis por el foro. Ni partidos políticos, ni sindicatos. Ni asociaciones que reciben subvenciones.

Con estas actitudes nos damos cuenta de que las personas discapacitadas no les interesa nada y que la administración ceutí pasa de leyes en este aspecto.