La dura y prolongada crisis económica que aún afecta a nuestro país ha dejado en situación de vulnerabilidad social, sin trabajo o sin hogar, a un amplio sector de la población en los últimos años, lo que ha provocado un notable aumento de la demanda de atención psicológica y el surgimiento en paralelo de una serie de profesiones o pseudociencias en auge que, al igual que entonces, se lucran prometiendo soluciones a los problemas personales y psicológicos, pero carecen de la formación suficiente. Como consecuencia, asistimos a diario y en dispares contextos a múltiples intrusismos que pueden resultar ineficaces o, peor aún, empeorar a los pacientes inadecuadamente atendidos.

Y esto es así, en buena parte, por la casi inexistente regulación legal vigente en España sobre las prácticas psicoterapéuticas (al contrario que ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno), lo que conduce a que nuevas profesiones de dudosa homologación, como el coaching y otras titulaciones menores en terapias de todo tipo, ofrezcan servicios psicoterapéuticos atendidos por personas poco preparadas (empresarios y profesionales liberales en paro, o que obtienen en pocos meses un certificado) en comparación con un verdadero psicoterapeuta, al cual se le exige un mínimo de seis años de formación para ejercer. Además, la ausencia de servicios psicológicos en atención primaria obliga a los médicos de familia, sin formación y como única vía, a tratar farmacológicamente a los pacientes necesitados o a derivarlos al psiquiatra en los casos más graves, privándoseles así del acceso a terapia psicológica.

De igual modo, existe una escasa voluntad político-administrativa para definir y delimitar claramente los roles y funciones de los psicólogos con respecto a otras profesiones o pseudociencias, cuando se trata de actuar en situaciones que requieren de una intervención multidisciplinar. Nadie se imagina en un hospital que el cardiólogo atienda casos neurológicos, ni mucho menos que médicos, enfermeros, auxiliares, etc. confundan sus funciones y roles. Sin embargo, esto sí ocurre lamentablemente con nuestra profesión cuando se solapan las atenciones psicológicas con las sociales, por parte de algunos profesionales, sobre todo en situaciones de emergencia; pues asumen funciones psicológicas que no les corresponden y para las que no están cualificados. Esto mismo se extrapola al ámbito educativo con la ya extinta figura del psicopedagogo y con pedagogos y educadores sociales cuando, en ocasiones, realizan funciones para las cuales sólo está autorizado, por formación, un psicólogo educativo.

Por todo ello, desde el COPCE creemos conveniente iniciar planes de actuación conjunta entre todos los profesionales de la Psicología, representados por sus respectivos colegios, con objeto de instar a las autoridades y organismos competentes a establecer, de una vez por todas, una nítida diferenciación de los campos de actuación entre las distintas profesiones intrusistas para, en primer lugar, evitar estafas; en segundo lugar, prestar un mejor servicio tanto a pacientes como a víctimas o educandos; y en tercer lugar, acabar con los conflictos laborales entre colectivos, lo que mejoraría sin duda la eficacia de sus respectivas actuaciones