La Constitución de 1978 nos ha proporcionado los mejores años de nuestra Historia. Gracias a ella han sido posibles la garantía de los derechos y libertades, los fundamentos del Estado social, la participación democrática en la toma de decisiones, o el desarrollo de una profunda descentralización política a partir del reconocimiento de la diversidad de nuestra país; y, con todo lo anterior, el incremento del bienestar de los españoles y la convivencia en armonía de todos ellos.

Las mujeres y hombres socialistas nos sentimos orgullosos de nuestra Constitución, de nuestra participación en su elaboración y aprobación y de nuestra decisiva aportación a su aplicación y desarrollo por la legislación ordinaria.

Sin embargo, la crisis económica que azota a España con dureza desde 2008, y las respuestas dadas por los poderes públicos a la misma, han minado la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en el orden político surgido de la Constitución en tal medida que aquella crisis se ha extendido hasta incorporar manifestaciones claras de una crisis también social, política, territorial e institucional.

Sus síntomas se pueden observar todos los días. El reconocimiento formal de determinados derechos sociales como principios rectores de la política social y económica no ha impedido su anulación o recorte y el consiguiente incremento de la necesidad, la pobreza y la sensación de desamparo. Las dificultades de las instituciones democráticas para ordenar la economía de acuerdo con los intereses generales unidas a la corrupción que contamina la acción pública han debilitado la legitimidad de la representación política y han acrecentado la reclamación de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Las dificultades de funcionamiento armónico del Estado de la s Autonomías y de su financiación conviven con la evidencia, que no debemos ignorar, de que en Cataluña, muchos ciudadanos se muestran insatisfechos con la forma en que, desde el Estado, se reconoce su identidad.

La España de 2015 no es ya, en definitiva, la de 1978. Es una España en la que la mitad de la población no participó en la aprobación de la Constitución y hoy reclama su espacio. Es una España más moderna, más rica, decididamente descentralizada, integrada en la unión Europea, inmersa en la globalización económica, afectada por unas tecnologías de la información y la comunicación que han cambiado la forma de entender el mundo y, también, la forma de hacer política y de gestionar los asuntos públicos. Es una España constituida por millones de ciudadanas y ciudadanos más plurales, más heterogéneos, más formados, más participativos y más exigentes a la hora de reclamar el funcionamiento eficaz de sus instituciones y el respeto a sus derechos y libertades.

Esta nueva realidad no ha tenido reflejo, hasta ahora, en reformas parciales de la Constitución para irla adecuando a las necesidades y requerimientos de los nuevos tiempos, para tejer y rehacer permanentemente los consensos políticos y ciudadanos que caracterizaron su aprobación.

Nuestro Estado ahora necesita remodelarse para un nuevo largo periodo de convivencia con el objetivo fundamental de garantizar el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad territorial entre las generaciones vigas, como un legado político que debemos dejar a las futuras.

Cuatro razones fundamentales avalan la necesidad de una reforma constitucional:

Primera, que la realidad se ha transformado tan profundamente que necesitamos extender y garantizar con suficiencia los derechos fundamentales, singularmente los derechos sociales básicos.

Segunda, que la experiencia de estos casi cuarenta años ha puesto de relieve la existencia de instituciones y mecanismos que no cubren de manera adecuada los objetivos del Estado democrático y las exigencias de calidad democrática que demanda la ciudadanía.

Tercera, que la Constitución dejó prácticamente en blanco el modelo territorial, por lo que hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se dejó muy abierto y sin precisar, actualizando y relegitimando nuestro modelo para mejorar la convivencia entre españoles y fortalecer nuestra unión ciudadana.

Cuarta, que nuestra vocación europeísta nos exige reforzar el compromiso con la Unión Europea más social y decidida a la integración, articulando con ella nuestra relación, mejor y más intensamente, desde la propia norma constitucional.

Sabemos que ni la Constitución resuelve por sí sola todos los problemas de nuestra convivencia ni hay que recoger en ella todas las respuestas que los nuevos tiempos exige. Algunas de las reformas que necesitamos pueden llevarse a cabo mediante decisiones normativas de rango ordinario; otras requieren formalmente la reforma constitucional o, al menos, la merecen para dotarlas de la proyección simbólica que contienen; y aun otras solo necesitan de una cultura política más democrática y colaborativa.

Las mujeres y hombre socialistas creemos que el tiempo para la reforma de la Constitución ya ha llegado. Y también creemos que este convencimiento es crecientemente compartido por nuestra ciudadanía.

Debemos afrontar la reforma constitucional sin miedo, con ilusión y con esperanza. Y también, y sobre todo, con voluntad de diálogo y acuerdo.

Orgullosos de la Constitución, no pretendemos abrir un proceso constituyente sino mantener los principios e instituciones esenciales de la misma, fortalecer los derechos reconocidos a los ciudadanos y adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad.

Convencidos de la función de integración de nuestra Constitución, marco común normativo fundamental que debe permitir y garantizar la actuación de todas las opciones políticas democráticas, no pretendemos imponer nuestras posiciones a nadie.

Por todo ello, sabemos quela reforma de la Constitución, en cuanto instrumento esencial de la convivencia, sólo tendrá sentido y sólo podrá salir adelante si es fruto del pacto, si cuenta con el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas políticas y de la ciudadanía.

El programa electoral que presentamos estos días quiere dar respuesta a los problemas, inquietudes y anhelos de la mayor parte de nuestra ciudadanía y fortalecer su confianza en nuestro proyecto, que viene avalado por la solvencia política de las siglas del PSOE, partido que ha demostrado y demuestra con sus gobiernos el reconocimiento y la defensa firme de los derechos y las libertades de la ciudadanía, la lucha por la igualdad, y la voluntad (capacidad) de diálogo, negociación y acuerdo con todos los partidos y actores políticos.

Celebremos este 6 de diciembre con ilusión, convicción y fuerza, y con el deseo de que esta nueva etapa de nuestra democracia abra un periodo de esperanza y convivencia constructiva y pacífica entre todos los españoles y españolas.