La Seguridad Social presenta un superávit de 8.500 millones de euros en 2009. La previsión para 2010 es de 2.700 millones pese a los más de dos años de profunda crisis por la que atravesamos. Por su parte el Fondo de Reserva alcanzará en breve 62.000 millones de euros de patrimonio. Por todo ello, la salud financiera de las pensiones en el corto y medio plazo está asegurada.

Lo anterior no impide tener en cuenta los retos que tenemos en el largo plazo. Nuestra esperanza de vida es, afortunadamente, creciente, lo que exige que las pensiones deban pagarse durante más años. Y, además, el acceso a la jubilación de generaciones más numerosas exigen que tengamos que pagar más pensiones y durante más años.

Calcular el número de pensionistas en las próximas décadas es sencillo y fiable, partimos de la población actual y de su índice de supervivencia, datos que conocemos o estimamos con bastante precisión. Sin embargo, la evolución del empleo en España en las próximas décadas, su calidad y retribución media; el incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar el objetivo compartido del 60% del salario medio; la evolución de la tasa de actividad femenina, aún más de 20 puntos porcentuales inferior a la masculina; la edad de acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, muy tardía hoy contra la voluntad de ellos mismos; la evolución del PIB; las tasas de natalidad y su relación con el refuerzo de medidas de protección a la familia, especialmente por hijos a cargo; la llegada continuada de población inmigrante para incorporarse a nuestro mercado de trabajo; son variables sobre las que debemos actuar y que determinan también nuestra capacidad de financiación futura de los sistemas de protección social.

Pactar las reformas

En lo inmediato podemos ya mejorar los ingresos del Sistema en más de 7.000 millones de Euros anuales, reforzando incluso su superávit coyuntural. Para ello, debe cumplirse lo pactado en el Acuerdo de Pensiones de 2001 y dejar de pagar con cotizaciones sociales los complementos hasta la pensión mínima o dejar de asumir los gastos de estructura de la propia Seguridad Social, financiándola como el resto de servicios públicos.

En cuanto al gasto, debemos velar por seguir manteniendo el control sobre su crecimiento, al tiempo que reforzamos los niveles de protección de las personas que más lo necesitan (las que se ven obligadas a abandonar el mercado de trabajo en los últimos años de su vida laboral, las pensiones de viudedad que son única renta, pensiones mínimas,…

CCOO es la única organización social que ha firmado todos los acuerdos de pensiones hasta hoy. Cualquier reforma debe partir del acuerdo social y político. El principal logro del Pacto de Toledo fue sacar las pensiones de la confrontación política y social, instaurando un mecanismo de reforma del sistema desde consensos amplios. Por ello, hemos criticado la forma y la oportunidad con las que el Gobierno ha presentado sus propuestas.

Además, no compartimos la propuesta a la que el Gobierno está dando mayor importancia. El retraso de la edad legal de jubilación hasta los 67 años es una medida agresiva e innecesaria. Los sucesivos acuerdos de pensiones establecen mecanismos, no traumáticos, que han tenido como efecto un retraso efectivo y voluntario de la edad de jubilación real (se ha pasado de 62,87 años a 63,27 años en menos de cinco años).

Desde CCOO apostamos por reforzar los mecanismos voluntarios de jubilación flexible ya existentes, tanto para anticipar la edad de jubilación, generalizando este derecho, como para retrasarla, reforzando el incentivo -hoy aún pequeño-, para las personas que deseen o precisen retrasar la edad de jubilación. Este es un instrumento que goza de consenso general y en el que se puede profundizar con intensidad.

Si bien el Sistema de Pensiones, como ya hemos visto, no se encuentra en dificultades financieras en el corto y medio plazo, las necesidades del largo plazo hacen necesario mantener las cotizaciones sociales. Su reducción, como proponen algunos, provocaría un debilitamiento financiero de la Seguridad Social, con consecuencias en el futuro y supondría una injustificada trasferencia de rentas de trabajadores a beneficios empresariales, cuando el propio documento del Gobierno reconoce que el esfuerzo en cotizaciones se sitúa en la media de los países de nuestro entorno y el agregado salarios y cotizaciones, es inferior en España.

Finalmente, la mejor forma de proteger nuestro sistema de pensiones contributivas es su autofinanciación desde las cotizaciones de empresas y trabajadores, manteniéndolo en lo posible al margen de las necesidades, oportunidad o coyuntura económica-política en cada momento. El recurso a otras fuentes de financiación debe ser, si resultase preciso tras la aplicación del conjunto de medidas que proponemos, puntual y con criterios de equidad sobre quién financia el sistema.