- De un tiempo a esta parte, el SEPE (antiguo INEM), conocido a través de la céntrica Oficina de Empleo de Ceuta, se ha convertido en un lugar público de graves riesgos laborales y peligros psicofísicos para propios y extraños, para empleados y ciudadanos (en adelante usuarios).

Los últimos episodios vandálicos (una silla voladora que impacta contra empleados públicos, etc.), sin duda hechos no aislados que hay que encuadrar en una ciudad cada vez más insegura y violenta, son los que han trascendido a los medios de comunicación; pero otros, para variar, se han sufrido en silencio -a modo de hemorroides administrativa- en un contexto laboral de gran inseguridad y desprotección institucional, presentando los trabajadores públicos un cuadro de enorme preocupación y ansiedad crecientes: solo falta saber quién, a quién, cuándo y cómo va a ser el próximo altercado o alteración del orden público (eufemismo que esconde delitos de atentado, amenazas claras o veladas, graves insultos en distintos idiomas, escupitajos y toda suerte de faltas de respeto y peligros cuasidiarios dirigidos contra los indefensos trabajadores públicos), teniéndose la certeza del dónde y de que la situación de inseguridad/desprotección crece día a día entre los que podríamos calificar como “sufridores públicos”, los cuales actúan, como pueden, de sparring frente a esta violencia siempre injustificable. Al parecer ya se han producido varias bajas laborales entre el personal de “primera línea de fuego” por el desgaste psicofísico ante los ataques de vándalos impunes.

La Oficina de Empleo dispone como medidas de seguridad de dos magníficas alarmas (una contra incendios y otra antirrobos) y también de de un magnífico vigilante de seguridad, solo, muy solo ante el peligro. No dispone de ningún otro sistema de seguridad -como en otros lugares de la Administración como Hacienda, Seguridad Social, la Prisión, el Ayuntamiento, entre otros- para controlar/disuadir/reconducir a cualquier usuario indignado, drogado, maleducado, violento que, en ocasiones, se transforma en un vándalo.

El esquema de ataque vandálico se repite sin cesar: ante el requerimiento de requisitos obligatorios por parte del funcionario de turno, casi siempre de manera inmediata, a modo de ataque relámpago, el usuario contrariado/a crea el follón o escandalera pública con la mayor violencia verbal y visual durante algunos minutos, y, cada vez más a menudo, actúa físicamente de forma agresiva “tratando de salirse con la suya”, con todo lo que tiene a mano (una silla, etc.) o lleve encima (una pistola de fogueo, etc) sin ningún tipo de control, intimidando a propios y extraños. Hasta ahora la suerte, la gran profesionalidad de sus empleados públicos y la valiente-eficaz intervención de algunos vigilantes de seguridad han evitado a día de hoy daños mayores contra las personas, incluidos los pacíficos usuarios del SEPE frente a vándalos descontrolados de distintas etnias, sexos y edades, que prácticamente campan a sus anchas por la Oficina de empleo ante la inexistencia de medidas de seguridad elementales y eficaces. Y eso ellos/as lo saben perfectamente. A ver si cuela el numerito de intimidación para saltarse las normas y las reglas. Ellos tienen sus propias normas, las que se imponen por la violencia, el griterío y el insulto. Las “reglas de juego” pacíficas, de respeto a las normas por las que nos regimos en nuestra sociedad democrática no van con estos individuos.

Así las cosas, uno de los derechos contemplados en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), en su artículo 14, es el derecho del trabajador público a “recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”. Como ya hemos señalado más arriba, en bastantes centros de distintas Administraciones Públicas ubicados en Ceuta se disponen de medidas de seguridad -tan eficaces como legales- para desarrollar con normalidad y seguridad las funciones propias de su ámbito, siendo una irresponsable e inexcusable excepción el SEPE.

Las dos alarmas y el vigilante no sirven para lo verdaderamente importante: evitar los riesgos y peligros de personas (energúmenos) contra las personas que trabajan o asisten como usuarios civilizados a esta Oficina. Cada vez es mayor el número de empleados y vigilantes que no quieren prestar servicio en la Oficina de empleo ante la desprotección e inseguridad sufridas ante la ausencia de medidas de seguridad y disciplinarias eficaces -por parte de la Administración- para frenar estos crecientes actos violentos contra empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Y lo que es más: empiezan a detectarse indicios o señales de próximos casos de “burnt out” o de trabajador quemado no por el trabajo en sí, muy necesario en una ciudad con tercermundistas tasas de paro de las más altas de la Unión Europea, sino por la desprotección institucional ante los violentos/as. De nuevo, papel mojado para el artículo 14 EBEP. Y no exagero.

Las medidas de seguridad a tomar son de libro: arcos detectores de metales y escáner, cámaras de vigilancia en la sala de espera o recepción de usuarios respetando la Ley de Protección de datos; control de documentación de cada usuario mientras permanezca en la Oficina, no siendo suficiente con presentarse con la cita previa asignada; timbres en cada mesa de tramitación para avisar al vigilante de seguridad en caso de alteración vandálica o histérica; dotar de dos vigilantes a la Oficina… No vendría de más ofrecer formación en prevención de riesgos laborales, resolución de conflictos a los empleados y directivos públicos. Además por parte de los directivos, habría que evitar sobrecargas de trabajo a los funcionarios reduciendo las citas de usuarios a atender, pues no se trata de ganar records estadísticos o productivos a costa de la salud de los trabajadores, potenciando además la rotación en los puestos de trabajo de más desgaste, entre otras medidas.

Por otra parte, junto a las medidas de seguridad expuestas en el párrafo anterior, convendría que se adoptaran otro tipo de actuaciones punitivas o preventivas para que estos violentos no se vayan de rositas y se “contagie” la violencia a los pacíficos: denunciar a la policía las agresiones y amenazas de todo tipo; llevar a los tribunales a estos lamentables usuarios para que se adopten medidas judiciales de diversa naturaleza coercitiva-punitiva; comunicar estos incidentes al superior jerárquico administrativo para que conste oficialmente el incidente y consiguientemente se adopten las medidas oportunas (de seguridad, disciplinarias, preventivas, etc.), pues de no reflejarse el altercado convenientemente el Centro directivo correspondiente o la Delegación del Gobierno lo interpretaría como un Sin Novedad en el frente, perdón, quise decir en el SEPE. Lo que no consta, no existe y a seguir sufriendo en silencio. Conviene no olvidar que los que seguimos las “reglas de juego”, los no violentos, debemos ser “valientes” y actuar como ciudadanos activos -con sangre y dignidad en las venas- con todos los medios que nos proporciona la Ley para combatir a estos impresentables machitos e histéricas. No debemos esperar a que los empleados-usuarios valientes tiren del carro para que se beneficien los demás. La gente (empleados y usuarios) no quiere problemas y, a menudo, ante agresiones y amenazas, no hace nada. Y si no se hace nada, ahí incluyo a la desidia o falta de previsión de la Administración para adoptar medidas eficaces de seguridad, los problemas que se quieren evitar se convierten en pesadillas. TOLERANCIA CERO DE TODOS ANTE LAS AGRESIONES Y AMENAZAS.

De otra parte, los medios de comunicación o cuarto poder deberían estar al tanto de estos incidentes no para aumentar la cuota de audiencia o de lectores morbosos para saber, a modo de quiniela futbolística, si han agredido a un usuario o a un empleado público -un trabajador más, tan vituperado como denigrado en los últimos tiempos- sino para denunciar y desenmascarar/combatir a estos transgresores de la legalidad vigente que tanto daño hacen al Estado de derecho, la democracia, la convivencia en la “Ciudad de la Convivencia”. BASTA YA.

La pregunta del millón: si tras denuncias formales, artículos, etc. se produjera un grave incidente en la Oficina de empleo con resultado de muerte o graves lesiones tanto de empleados como de usuarios, Sr. Delegado del Gobierno, ¿quién sería el responsable o los responsables de permitir en un Centro administrativo estos execrables hechos en esta ciudad oficialmente tan segura , realmente perturbada por toda suerte de hechos delictivos “puntuales” tales como robos, apuñalamientos, tiroteos, asesinatos, detenciones terroristas…?