Alegará varios puntos del nuevo reglamento para la Casa de Acogida, los Pisos Tutelados y el Centro de Emergencia como por ejemplo permitir la entrada a menores de 18 años

La comisaria europea de la Sociedad de la Información, Viviane Reding, advirtió hoy a España de que cortar el servicio de Internet a los usuarios sin procedimiento judicial entra "en conflicto" con la Unión Europea.

Durante su intervención en el II Encuentro Internacional de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reding recomendó a las autoridades españolas que, en sus trabajos para la protección de la propiedad intelectual, consulten a la Unión Europea antes de ir en una dirección que se convierta en "un callejón sin salida".

Reding dio por hecho que en España ya había medidas en esta línea de cortes de Internet, algo que causó confusión entre las asistentes. En declaraciones posteriores a los medios, el presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, apuntó que había sido un "malentendido".

La comisaria europea subrayó en su intervención el interés de Europa por proteger la propiedad intelectual y, aunque reconoció que no hay una solución mágica para lograrlo, apuntó que la represión no lo va a resolver y puede resultar incluso contraproducente.

El Gobierno trabaja con una comisión interministerial para tener aprobado antes de final de año un modelo de protección intelectual de los contenidos en Internet. Ese modelo, ha apuntado en varias ocasiones la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, no buscará criminilizar a los usuarios e incluirá una plataforma de contenidos.

Reding avanzó hoy que, para avanzar en ese camino de protección a la propiedad intelectual, la Comisión Europea va a trabajar para crear una ley europea sobre la protección de los derechos de autor en un intento de acabar con la fragmentación legislativa en los 27 estados con diferentes normas.

La  comisaria subrayó además que todos los países deberán cumplir la medida por la cual las autoridades podrán cortar el acceso de un usuario a Internet tras un "procedimiento justo e imparcial", incluida en el nuevo plan legislativo europeo sobre telecomunicaciones.

Esta normativa, a su juicio, crea un entorno estable para que los operadores desplieguen las redes de nueva generación, da mayor protección a la intimidad de los consumidores y va a agilizar un mejor uso del espectro radioeléctrico.

Precisamente este último punto, el "refarming", el proceso de reasignación en España de las frecuencias de 900 Mhz entre las operadores, ha centrado el posterior debate de las jornadas. El reparto de estas frecuencias, que ahora están en propiedad de Telefónica, Vodafone y Orange y que se van a destinar a servicios más avanzados de banda ancha en movilidad, sigue en el aire a falta de un acuerdo entre operadores y el ministerio de Industria.

Desde el Gobierno, el director general de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Bernardo Lorenzo, expresó hoy su "frustración" por que no se haya llegado a un acuerdo aún en el proceso aunque espera que se logre "pronto".

Las operadoras Vodafone y Orange mostraron su disposición a negociar en la búsqueda de un acuerdo que, aunque no será fácil, es clave para los servicios de banda ancha en movilidad, mercado con gran potencial. La operadora Yoigo reiteró su interés en hacerse con parte de estas frecuencias para tener el necesario "equilibrio competitivo".
 

El Gobierno no se plantea modificar la ley antidopaje pero sí aclarar, por ejemplo mediante un real decreto, que la legislación española cumple con los estándares internacionales y que en caso de que Madrid fuera elegida sede olímpica se aplicaría plenamente la normativa del Comité Olímpico Internacional (COI), según fuentes gubernamentales.  
Las fuentes destacaron que no se trataría, en ningún caso, de cambiar la ley, sino, si fuera necesario, de insistir en las garantías que ya se han dado al COI y en dejar claro que la   legislación española cumple con los estándares internacionales.   
El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habló ayer con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y le garantizó que el Ejecutivo redoblaría los esfuerzos para conseguir que la capital sea elegida sede olímpica el 2 de octubre en Copenhague.   
Por su parte, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, está convencido de que las dudas que la Comisión de Evaluación del COI muestra sobre la adecuación de la normativa   española contra el dopaje a la de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)  "quedarán al cien por cien resueltas en el plazo que hay".  
Lissavetzky ha recordado que en el epígrafe 12.15 de las garantías que acompañan al dossier de Madrid 2016 "el Gobierno de España garantiza que, si Madrid es nombrada Ciudad Anfitriona de los Juegos,  instará los procedimientos oportunos y adoptará las iniciativas legislativas apropiadas para que sean de aplicación en España el Código Mundial Antidopaje y la normativa antidopaje del COI que se encuentren vigentes durante la celebración de los Juegos".  
Además, recalcó que el COI no ha identificado carencias en la ley española, sino que "lo que dice el informe es que la Comisión no   puede determinar en el momento de su reunión en Madrid si la legislación española cumple totalmente con el Código". "Es un dato de un día de mayo y desde que hubo la reunión con la Comisión hemos trabajado con la AMA", comentó.