Imagine de pronto que es empresario. Imagine que en su empresa trabajan más de 1.600 trabajadores, que está radicada en Ceuta y que su coste en personal es de 73.667.252,76 euros. Imagine que además su empresa tiene otras filiales con las que llega a superar los 1.900 trabajadores y las nóminas de todos sus trabajadores ascienden al año a más de 109 millones de euros. Imagine que su empresa no es privada, sino pública. Y que usted como máximo mandatario en su negocio tiene un sueldo cercano a los 90.000 euros. Está usted imaginando que es presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

En el Ayuntamiento se cuenta la anécdota elevada a la categoría de leyenda urbana de que un consejero de Recursos Humanos preguntó a los trabajadores dependientes de su área en su primer día en el cargo cuántos trabajadores tenía la Ciudad. La respuesta que obtuvo fue que en ese instante era imposible saberlo. Pidieron dos días para recopilar la información y poder ofrecérsela. ¿Y si eso pasara en la empresa imaginaria del comienzo de la que usted es dueño?

El número de trabajadores es sólo aproximado. A día de hoy no existe una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), obligatoria por Ley, que establezca de forma clara y concisa y sin dejar lugar a dudas cuántos trabajadores hacen falta para desarrollar las funciones y competencias propias de la Administración Local (atender el Registro, auxiliar denuncias de ciudadanos, apagar fuegos, desarrollar un plan de salud y control epidemiológico, otorgar licencias de apertura, realizar un casamiento o certificar un cambio de domicilio y de empadronamiento o conceder becas de estudios, por citar algunos ejemplos entre otros muchos). Sin Relación de Puestos de Trabajo tampoco es posible saber además de cuántos trabajadores son necesarios en número, cuáles son sus funciones y por tanto cuáles son las habilidades necesarias que deben de tener (titulación, méritos, experiencia) y por tanto en qué categoría profesional estarían y cuánto les corresponde cobrar.

Y si les ha parecido mucho dinero los más de 73,6 millones de euros que se pagarán al personal de la Ciudad Autónoma el próximo año, deben saber que en 2011, los trabajadores de la Administración Autonómica costarán menos dinero al erario público que en 2010 gracias a los recortes salariales impuestos por el Gobierno central, el de Zapatero, que ha reducido el gasto en salarios y nóminas. Para el ejercicio en curso, el Ejecutivo que preside Vivas había presupuestado un gasto de 77.145.947,13 euros. Unos 3,5 millones de euros más que los previstos para 2011.

Los 73,6 millones de euros que absorberán de la caja los servicios que presta el Ayuntamiento el año que viene son sólo una parte del gasto total en personal. Hay otros servicios públicos que los ciudadanos reciben a través de sociedades municipales y organismos autónomos. Cada uno de esos organismos y empresas tienen su propio coste de personal. Se trata de servicios esenciales como el suministro de agua (ACEMSA), el cobro de impuestos (Servicios Tributarios), la promoción de viviendas públicas a un precio asequible (Emvicesa), la gestión y el mantenimiento de las instalaciones deportivas (ICD), la emisión de programas e información de contenido local en la televisión y en la radio (RTVCE), la promoción y el fomento de la economía y el empleo (PROCESA), la promoción y fomento del mercado turístico (Servicios Turísticos), la gestión de los estacionamientos públicos y la retirada de vehículos (AMGEVICESA), entre otras.

Sumando todo el personal que trabaja en esas empresas públicas al que lo hace directamente para la Administración Local, llámese Ayuntamiento o Ciudad Autónoma el coste sube por encima de los cien millones de euros y la mano de obra contratada se va a más de 1.900 personas. El Capítulo uno del Presupuesto General Consolidado de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el año 2011 recoge un gasto en personal de 109.458.718,87. Lo que representa cerca del 40 por ciento del total de los más de 286,6 millones de euros que el Gobierno Vivas prevé ingresar y gastar a lo largo de 2011.

Dicho de otro modo, 4 de cada 10 euros que entren en su empresa imaginaria los va a tener que gastar en pagar al personal, ese personal que no sabe qué funciones debe hacer, ni si las hace de forma eficaz o no, dada la inexistencia de una Relación de Puestos de Trabajo que aclare sus funciones.

Quizás por eso el Consejo Económico y Social (CES) en su dictamen sobre los presupuestos presentados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha insistido por enésimo año en su tradicional advertencia a la Administración local para que “racionalice” la plantilla tanto del Ayuntamiento como de las distintas empresas públicas, “incidiendo en un incremento de la eficiencia y la productividad, una adecuada distribución del personal, una reducción del absentismo, una mejor administración de las jornadas partidas y especiales, etcétera, todo ello en beneficio de un mayor y mejor servicio al ciudadano”, reza el dictamen del organismo consultivo del Gobierno.

Más allá del dictamen del Consejo Económico y Social, los medios de comunicación han recogido denuncias de los sindicatos y de los partidos políticos de la oposición a lo largo de toda esta legislatura que se resumen en una palabra “enchufismo”. Policía Local, contrataciones genéricas a través del INEM, el engrasador, exámenes en casa, la denuncia de Sineb Ahmed o el más reciente Plan de Estabilidad de Hacienda, son algunos ejemplos.

¿Cuánto costaba antes?

Antes de Juan Vivas el gasto de personal era menor. Los primeros presupuestos de la era Vivas recogían un presupuesto en el capítulo primero, el de personal, de 51.310.224 euros. 51,3 millones de euros sin incluir a las empresas municipales. Unos 8.000 millones de las extintas pesetas. Eso rezaba el presupuesto aprobado por el Gobierno surgido de la moción de censura a Antonio Sampietro, allá por diciembre de 2001 y que regulaba el gasto en personal para el año 2002.

En 2011 ese mismo gasto se disparará hasta los 73,6 millones de euros. Se trata de un incremento en 9 años del 43,57 por ciento. En euros contantes y sonantes el presupuesto que aprobará el Gobierno de Vivas para 2011 recoge un gasto en personal de 22,3 millones más que el que aprobó en su primer año de Gobierno, un incremento de unos 3.300 millones de pesetas.

El encarecimiento del coste de la mano de obra de los servicios públicos es superior a la subida experimentada por el Indice de Precios de Consumo (IPC), referente para saber cuánto sube el coste de vivir y cuánto suben por tanto los sueldos. En el año 2002 el índice para Ceuta del IPC se situaba en los 88,2 puntos, en 2009 en los 106,4. 18,2 puntos de diferencia. Sumando los incrementos porcentuales entre cada anualidad de las subidas del IPC arrojaría un encarecimiento del coste de la vida del 22,4 por ciento, cálculo no exacto, pues el encarecimiento real sería un poco más elevado. En cualquiera de los supuestos, el coste en personal ha crecido por encima del coste de la vida.

En ese tiempo, la Administración local se ha visto obligada a aplicar además de las subidas salariales pactadas con los trabajadores el complemento de destino y el complemento específico en las pagas extras y también ha afrontado un incremento en el plus de residencia. Subidas salariales fuera de los márgenes previsibles.

La gran pregunta es si ese incremento en el coste en personal es proporcional a un mejora en la calidad de los servicios. La respuesta depende ya de a quién se le formule. La herramienta que permitiría contestarla de una forma más fiable es la RPT, inexistente hoy, a pesar de que el Partido Popular ha ganado dos veces las elecciones con Juan Vivas como cabeza de cartel, con la promesa recogida en su programa electoral.

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