Serrano Orive, en lucha
Una de las pancartas que han colocado los vecinos en la fachada del edificio.

- Los vecinos aprueban una estrategia de movilización, quieren paralizar la venta para ganar tiempo y sentarse con el Gobierno a negociar una salida a la crisis

- Si cada vecino pagara 35.555 euros se comprarían el edificio entero y el número 4 de González de la Vega


Si el Gobierno pensó que con unas cuantas promesas a varios vecinos y una nota de prensa daba por zanjado el malestar de los vecinos de Serrano Orive se equivocó . Más bien al contrario, de la reunión mantenida surgen la mayoría de las dudas. Los vecinos han aprobado en Asamblea colgar pancartas en sus ventanas, balcones y fachada en general para presionar al Gobierno. Su objetivo es paralizar la licitación de venta de sus pisos en un lote que incluye el edificio de VPO de Serrano Orive entero y el número 4 de González de la Vega. Quieren ganar tiempo para sentarse con el Gobierno y negociar una salida distinta.

Y es que, una de las cosas que el Gobierno puso sobre la mesa en la cita con los representantes vecinales, pero no hizo pública ni en la nota de prensa ni en las sucesivas declaraciones es la de aparcar la venta si los vecinos compran sus viviendas ya, al menos así los explican los vecinos.

Pero la solución es complicada, ya que eso requeriría que todos fueran capaces financieramente de realizar la operación y además, el edificio no está dividido horizontalmente, con lo que en realidad se trata de un único inmueble, para comprarlo necesitarían convertir su asamblea de vecinos de este martes por la tarde en la de una cooperativa constituida conforme a derecho. Algo que se les antoja complicado hasta a ellos mismos.

El requisito financiero no parece elevado. Si se divide el millón seiscientos mil euros que la Ciudad espera recaudar con la operación entre las 45 viviendas del edificio arroja una media de 35.555 euros. Un chollo de precio para un piso en pleno centro a dos minutos de la plaza de los Reyes y seminuevo, en el mercado el precio del metro cuadrado oscila entre los 2.500 y los 3.500 euros, según el piso y su estado. “Pero no todo el mundo puede con eso, y los bancos están como están”, apunta un vecino.

Claro que si cada vecino pone esos 35.555 euros se estarían comprando también el inmueble de González de a Vega, número 4. Un inmueble que ningún vecino logra comprender aún las razones por las que aparece asociado a sus pisos de protección oficial. Y esa es una de las preguntas que le quieren plantear al Ejecutivo de Vivas en una próxima reunión que solicitarán.

El Gobierno planteó la venta de las viviendas protegidas de Serrano Orive junto al número 4 de González de la Vega para obtener 1,6 millones de euros y mejorar su liquidez. Según los vecinos, la mejoría tampoco sería tanta, aseguran que la Ciudad Autónoma debe aún 1,4 millones de la construcción del edificio en el que viven, lo que dejaría esa liquidez en 200.000 euros. Nada de esto lo ha comentado el Gobierno en la información que ha hecho pública hasta el momento.

Razones de la desconfianza

El Ejecutivo tanto públicamente a través de una nota de prensa, como privadamente en la reunión que mantuvieron el gerente de Emvicesa, Antonio López, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Guillermo Martínez, se ha esforzado en garantizar los derechos y las condiciones de las que disfrutan estos vecinos.

Las VPO de Serrano Orive son para jóvenes en régimen de alquiler. Unos 130 euros por vivienda al mes es la cantidad que están pagando desde hace poco más de dos años, cuando entraron a sus casas, adjudicadas mediante sorteo. Ese alquiler es por un periodo de cinco años, renovable después de cinco en cinco años más. A los diez años, las bases de la adjudicación prevén que se puedan vender el 50 por ciento de los inmuebles. ¿Cuáles? Si fuesen más de la mitad de los vecinos los que quisieran comprar su casa, se decidiría también mediante sorteo, según han entendido los vecinos.

La compra venta se tendría que realizar a precio de mercado VPO, pero los vecinos han rebuscado las bases de su adjudicación y han llegado a la conclusión de que la opción de venta, es eso, una opción y no una obligación. Esto es, que la Administración, al igual que el hipotético comprador del inmueble podría decidir no vender a los diez años. Ese es el mayor miedo y la mayor certeza de los vecinos. Están seguros de que el nuevo propietario no va a dar opción a comprar a los diez años a nadie, y menos a precio de VPO.

Tras 25 años se podrían vender todos los pisos, en teoría también a precio de mercado VPO, aunque para entonces las viviendas podrían ser descatalogadas como VPO y convertirse en viviendas libres.

El Gobierno dice garantizar que se cumplirá con todos los derechos adquiridos por los inquilinos y que nada va a cambiar. Pero los vecinos desconfían. Entre otras cosas porque en la reunión se les dijo que todo iba a seguir igual y al llegar a sus casas encontraron en el buzón el primer cambio. A partir del mes que viene, los vecinos comenzarán a pagar la comunidad del inmueble. Hasta ahora no pagaban.

Y como esa temen que vengan más. “Todos sabemos como funciona la empresa privada. Si alguien se compra esto y se deja más de un millón y medio de euros va a querer rentabilidad y no va a pensar en nosotros y nuestras necesidades”, esgrimió un vecino durante la reunión del martes por la tarde.

Algún otro vecino lo tiene más claro aún: “En el contrato que firmamos pone que no podemos tocar las viviendas y el que más y el que menos ha movido algún tabique de sitio. Por ahí pueden entrar y si quieren hasta echarnos”, explicó por lo bajo a los que tenía al lado.

De reojo miran a Calderón de la Barca. Allí tienen conocidos y al principio todo comenzó bien, una vez se vendió el inmueble, ahora ya tienen problemas para mantener su plaza de garaje. No se fían del Gobierno.

Por esa desconfianza y por lo que hay en juego: el sueño cumplido de la emancipación, de un techo en el que vivir por un precio razonable, van a luchar. Su primer objetivo es ambicioso, quieren que de momento el Gobierno aplace la venta, la paralice y se siente con ellos a buscar otra solución distinta y a aclararles las muchas dudas que tienen sobre la operación y que penden sobre sus cabezas. Y que las garantías del Gobierno las ponga por escrito. “Las palabras se las lleva el viento”, apostilla un vecino.

Lo intentarán a base de pancartas y de algo más que no desvelan por el momento. Pero tienen estrategia de movilización. La han pactado al más puro estilo de los indignados de Sol. Este mismo martes han recaudado un bote para “la intendencia” de las protestas, allí mismo en la asamblea en el portal. La de este martes no es la primera reunión, llevan dos tardes reuniéndose.

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