De hecho, Juan Luis Aróstegui escribe a continuación en la carta que "los pisos de protección oficial (de ochenta y un metros) construidos sobre suelo público, pero gestionados por empresas privadas, cuestan en torno a treinta milones de pesetas".
El sindicalista cree que el Gobierno de la Nación "no puede participar, ni consentir, ni amparar, ni facilitar el saqueo de suelo público en beneficio de intereses privados" menos en el caso de un gobierno socialista "que por su propia naturaleza ideológica tiene el deber moral de combatir con toda su energía y determinación este tiop de prácticas especulativas". Por este motivo, Aróstegui insta a la ministra a que las cesiones de suelo que realicen a la Ciudad se hagan "bajo un estricto control" incluyendo cláusulas de cumplimiento obligatorio para que la construcción y venta se lleve a cabo directamente por la administración pública competente.