El área de menores es un desastre en lo que se refiere a recursos humanos y recursos que debe abordar la administración, en este caso la Ciudad Autónoma de Ceuta. Según el testimonio ofrecido este viernes en una rueda de prensa de UGT y Comisiones Obreras en la Ciudad, en concreto en los últimos tres lustros se habrían perdido la mitad de los empleos, aproximadamente. Por eso, tanto UGT como Comisiones Obreras han instado al Gobierno de la Ciudad a actuar para atajar la situación de forma urgente o de lo contrario se movilizarán.

“Esto es un basta ya. Hasta aquí hemos llegado”, ha sintetizado el representante de UGT en la Ciudad Autónoma, Antonio Ramírez.

Ni Comisiones ni UGT han podido concretar de forma concisa ni el dinero que supondrían las mejoras que demandan, ni exactamente cuánto personal hace falta, pero en su hoja de ruta figuran 9 puntos que son casi exactos a los que compusieron las alegaciones presentadas por ambos sindicatos a los Presupuestos Generales de la Ciudad para 2022 y que sólo MDyC votó de forma favorable. Y por el testimonio de uno de los sindicalistas, trabajador en Punta Blanca, se deduce que se han dejado escapar la mitad de los recursos humanos en los últimos años. Así ha relatado que cuándo él entro a trabajar en 2004 había 10 monitores educadores en plantilla por los 4 que son en la actualidad, a pesar de que el número de internos habría ido en aumento. En términos globales la plantilla del centro ha pasado en estos 18 años de “unos 40 a unos 20”. Y el recorte “es extrapolable” al resto de centros de menores.

A esa falta de recursos humanos se suman “unas instalaciones obsoletas”, en palabras de Pepe López, responsable de Comisiones Obreras en la Ciudad Autónoma y carencias en las condiciones laborables de los trabajadores, que recientemente muchos de ellos habrían conseguido consolidar su plaza después de encadenar durante años contratos temporales.A todo ello ha unido López “la situación geopolítica que tenemos”, que hace que finalmente un servicio pensado conforme a los datos de población de la ciudad autónoma acabe atendiendo un importante número de menores marroquíes por la característica y “especificidad” fronteriza de la ciudad.

Para los sindicatos todo pasa por atender de forma eficiente y con recursos suficientes un área sensible para dar mejor servicio a los menores acogidos y que así redunde en un beneficio para toda la sociedad. Todo con falta de recursos humanos y con “centros deficientes y obsoletos”.

Lo primero es optimizar las plantillas “con el fin de obtener niveles aceptables para la realización de sus cometidos”. Y eso pasa por dotar los centros de plazas de carácter estructural que según han sostenido en rueda de prensa se han ido perdiendo en los últimos años al no sustituir las jubilaciones y optar por la contratación temporal.
“El Gobierno tiene un problema con esto que se llama Reforma Laboral. A ver cómo hacen ahora”, ha vuelto a señalar, Ramírez.

Además piden “la implantación de los seguros de responsabilidad civil adaptados en su cobertura a los diferentes escenarios en los que se pudieran ver implicados los colectivos que conforman Menores”, recoge el segundo punto del documento que han repartido a los medios. “Es una obligación de la Adminsitración”, ha recordado López.

Además piden “homogeneizar categorías que en la práctica realizan las mismas funciones: ayudante educativo, cuidador, monitor educativo... Reclasificando a estos dos últimos al grupo C1”. Hay trabajadores que “llevan muchísimo tiempo haciendo un trabajo muy por encima de su categoría”, ha señalado López.

Y en ese mismo contexto se suma otro factor, en muchos casos la falta de titulaciones de los más veteranos en el área impide que como sucede de forma normal en otras áreas de la administración puedan optar a desempeñar esas funciones de superior categoría. Algo con lo que tampoco están de acuerdo los sindicatos.

“La realización de las superiores categorías por parte del personal educativo que, si bien carece de titulación académica, ésta es plenamente compensada por la experiencia profesional con la que cuentan, siendo esta experiencia un activo valioso a valorar da la profesionalidad y el alto grado de especialización de este personal”, recoge el documento.

Es este un asunto delicado que provoca múltiples distorsiones en el funcionamiento, según el relato de los sindicalistas. Por un lado estaría esa imposibilidad de los que más experiencia tienen a acceder a desempeñar funciones superiores y por otro, la temporalidad de los contratos impide ganar eficiencia, dado que cuando los empleados recién llegados han logrado adaptarse se tienen que ir, a pesar del tiempo invertido por los veteranos en formarles.

Los sindicatos también piden mejorar el escalafón organizativo creando puestos de subdirector de centro. Y más “vigilantes celadores de forma que se a una figura permanmente en todos los centros donde sea necesaria su presencia”. Además con su conversión en C2.

Mejoras en los complementos de destino y específico en los funcionarios e incentivos laborales en el personal laboral.

Piden también corregir una anomalía dentro de la administración y compensar las jornadas en fines de semana con un coeficiente de 1,3. Esto es que por cada hora trabajada en fin de semana se genere una hora y media.

Y la implantación de segunda actividad. Algo que ya pasa en la Policía Local y que los sindicatos atribuyen en la defensa de su necesidad “al gran desgaste psicofísico, que genera el desempeño de las labores a realizar”. Esto es que después de lidiar con los menores el personal del área tenga la oportunidad de cuidar sus quemaduras en otros puestos de la administración más llevaderos en el día a día. “Es un servicio que deteriora muchísimo por las circunstancias geopolíticas de Ceuta”, ha explicado.

¿Quema trabajar en menores? Los sindicatos creen que sí, tanto así que piden además “el reconocimiento inmediato de los complementos de peligrosidad y toxicidad a todo el personal con atención directa a menores y su inclusión en el complemento específico o en el incentivo laboral, según se trate de personal funcionario o laboral”, recoge el documento. 

A pesar de estos dos últimos puntos en sus demandas, todos los presentes en la sala de prensa tanto de Comisiones Obreras como de UGT se han mostrado rotundos a la hora de señalar que “no hay que criminalizar a los menores”. “Nosotros estamos en las antípodas de VOX”, ha llegado a afirmar López.

Y además han dejado claro que ese complemento de peligrosidad y toxicidad hay algunos trabajadores que ya lo cobran, bien porque lo han logrado ganar por sentencia judicial o porque directamente la Ciudad se lo ha concedido.

“La pobreza y la exclusión social siempre han sido, son y serán un peligro para las mentes bienpensantes”, ha ironizado Ramírez. Para señalar la raíz del problema, la diferencia de condiciones económicas y sociales entre ambos lados de la frontera.

Los sindicatos han defendido que todas las mejores que piden son en realidad para atender mejor al colectivo. Un colectivo que en algunos casos han pasado el invierno durmiendo “en caracolas”. Pero no han escondido la realidad: “son niños con falta de educación, de higiene... En España estamos en mejores condiciones que los de allí”, ha señalado López. “El Estado no hace todo lo que puede y el marrón se lo comen los trabajadores”, ha añadido. “No son delincuentes. No se pueden criminalizar”, y han señalado para apuntular esa idea que en un centro con 380 menores no huno una sola agresión en 2021.

Al mismo tiempo han explicado que reclaman esos pluses por esas circunstancias de peleas, de infecciones contagiosas con las que a veces llegan a los centros (“sarna, piojos y hasta SIDA”) y porque para educar en hábitos de higiene “si me tengo que meter con un menor en un plato de ducha, me meto”, ha explicado Francisco Miguel Ferrer, trabajador de uno de los centros y representante de Comisiones Obreras.