Comisiones Obreras de Ceuta muestra su preocupación por la nueva licitación del servicio de vigilancia privada en la frontera, un contrato con un importe de 3.616.514 euros para cuatro años, que consideran "insuficiente" para hacer frente a las subidas salariales pactadas en el convenio colectivo que tiene vigencia desde 2023 hasta 2026. Añaden además que tampoco logrará la estabilidad laboral de una plantilla de cincuenta personas en la que treinta y siete son fijas discontinuas.

Para el sindicato, este nuevo intento de licitación, después de los dos primeros fallidos, "va en la misma línea que las anteriores, puesto que tampoco supondrá un atractivo para las empresas del sector". Por ello, muestran su preocupación por el futuro de la vigilancia privada en la frontera.

La anteriormente sancionada Eulen, única opción a priori

El tercer intento para licitar el servicio de vigilancia privada del Tarajal ya está aquí. La Ciudad ha sacado a concurso el contrato que quedó desierto en dos ocasiones, principalmente por la sanción para recibir encargos de la administración que pesaba sobre Eulen. Firma que ahora, una vez superado el castigo, parte en la 'pole' para continuar con una función que ha día de hoy sigue ejerciendo, merced a una prórroga.

En el mes de marzo y por un montante de 951.237 euros, la Ciudad realizó un primer intento para adjudicar el servicio de Vigilancia, control de acceso de personas, de vehículos, de mercancías y asistencia al personal determinado en la frontera del Tarajal y aledaños.

La única oferta fue de Eulen, compañía que ya prestaba el servicio y sobre la que en el mes de mayo, cuando se iba a resolver la adjudicación, pesaba una sanción para contratar en todo el ámbito del sector público. Esta tenía efectos durante siete meses desde el 19 de abril de 2023.

Quedó así la licitación desierta y la Ciudad volvió a intentarlo en el mes de julio, manteniendo el mismo presupuesto, sin que nadie se presentara al concurso.

Entonces, ya con una fuerte presión por parte de algunos sindicatos, principalmente Comisiones Obreras (que pedía incrementar la partida de cara a que las condiciones de los trabajadores pudieran mejorar), el Ejecutivo optó por prorrogar la vinculación con Eulen y aplazar el nuevo contrato hasta revisar los pliegos. La idea, hacerlos más atractivos económicamente para atraer el interés de las firmas.

En este tiempo, incluso Delegación del Gobierno amagó con la posibilidad de asumir las competencias y sacar ella misma la licitación, después de una reunión con CCOO.

Finalmente parece que no será así y con el nuevo intento de adjudicación, que para Comisiones es insuficiente económicamente, se espera resolver el embrollo de la vigilancia de la Frontera del Tarajal.