CGT está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en su particular batalla legal contra la Delegación del Gobierno a cuenta de las supuestas irregularidades de los últimos Planes de Empleo. La central sindical había convocado este 6 de julio una asamblea para atender a los afectados por la coyuntura, que, según estimaciones, supera la friolera de "3.500 personas".

La Confederación, que ha rehusado escatimar en recursos, ha traído este mismo jueves electoral a nuestra ciudad al máximo responsable de su Gabinete Jurídico, Luis Ocaña, para denunciar lo que este considera "una injusticia social", una que habría cometido -decía- "el Gobierno que se llama a sí mismo 'el más progresista de la historia de España'".

El encuentro de hoy es "el resultado de un trabajo que empezó hace ya tres años", exponía el secretario de Organización Territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro. "El Tribunal Supremo nos ha ido dando la razón desde entonces sentencia tras sentencia", apostillaba.

El sindicalista ha recordado que la Administración no solo ha trastocado "las nóminas de los trabajadores", sino que, además, estos últimos han visto alteradas "sus cotizaciones a la Seguridad Social". Es por ello por lo que CGT quiere que todos los damnificados tengan "la posibilidad de reclamar a la Administración" por haber provocado esta -afirman- "daños terribles".

En palabras del propio Ocaña, el proceso jurídico encuentra su razón de ser en "una vulneración del derecho fundamental a la igualdad", protegido este por "el artículo 14 de la Constitución" y por "la directiva comunitaria 99/70", lo que viene a significar que tanto el marco normativo español como el europeo amparan ese mismo derecho.

"En su momento, advertimos que las personas que eran contratadas en los Planes de Empleo adoptaban un régimen jurídico diferente al que les correspondía", lamentaba Ocaña. En esencia, esa suerte de 'privación' significa que "se cotizaba menos por los trabajadores", lo que, en el futuro, derivaría en prestaciones más bajas para estos (desempleo, bajas, jubilación...).

Además de las infracotizaciones, Delegación tampoco estaba pagando los salarios que debía pagar. "El trabajo no estaba remunerado conforme al convenio colectivo", se quejaba el jurista, que tiene claro que, sumados, todos los factores dan como resultado que el ente público "tendría que indemnizar a los asalariados por daños y perjuicios". "El Supremo nos ha dado la razón", se vanagloriaba.

De consumarse la condena, el importe que percibirían los trabajadores "no será fijo"; ello dependerá de factores como la categoría profesional, las funciones desempeñadas y el tiempo trabajado". Sea como fuere, se calcula que, de media, cada individuo podría recibir "varios miles de euros".

Tras haber interpuesto las correspondientes demandas colectivas, CGT quiere centrarse ahora en el plano individual. "No es la primera vez que se van a poner; llevamos tres años haciéndolo", revelaba Ocaña, que recordaba que "hay sentencias del Juzgado de lo Social de Ceuta, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del propio Supremo".

Para desgracia de miles de compatriotas, la problemática no ha sido solo cosa de Ceuta. Según el abogado sindicalista, "esto mismo también ha ocurrido en lugares como Algeciras, Cádiz, Puerto Real, Jerez y Sevilla". Pese a ello, "ninguna Administración ha cesado en su comportamiento ni ha pedido disculpas a los trabajadores". El lado bueno es que, en principio, no hay lugar para la prescripción, puesto que "una de las características de los derechos fundamentales -en este caso, la igualdad- es que son imprescriptibles".