Marquez reconoció que todo el proceso se inicia única y exclusivamente por la inadmisión del recurso a la sentencia del TSJA que declaraba ilegal la licencia de obra del Revellín. Entonces la empresa privada ofreció el alquiler de su parte para instalar dotaciones, y la Ciudad parece que decidió que sería un buen lugar para el mercado, que según señalan varios informes se encuentra en muy malas condiciones. El propio Vivas decía que nadie quería en la Manzana un mercado con olores, como el actual, aunque Francisco Márquez asegurase ayer que en tres años que ha trabajado allí en las oficinas de Emvicesa, el no ha detectado ningún mal olor.

El Gobierno defiende la instalación derl mercado en la Manzana como la única opción que permite llevar a buen puerto la parte cultural, y Márquez negó que se esté quitando espacio precisamente a este tipo de infraestructura. Recordó que es este Gobierno el que limitó el espacio comercial del 50 a menos del 10 por ciento, sin indicar eso sí, que cada recorte llegó tras apelaciones rechazadas de la Ciudad en los tribunales, con costas judiciales pagadas con las arcas públicas que nutren todos los ceutíes.

Sobre cómo una inversión de más de 21 millones de euros que no será en propieda es más ventajosa fiscalmente que una de 22,9 que sí lo es, Márquez aseguró que así lo dictan los economistas, y que además este modelo permite que el gasto en los primeros años sea menor, por lo que se puede mantener el pulso inversor de la Ciudad, ya que según el consejero "no todo es Manzana y mercado".

Otro de los puntos que más polémica ha causado sobre la situación de la Manzana es la inversión realizada por la empresa privada. Márquez ha indicado que la Ciudad no es la que se tiene que preocupar por lo que invierte una empresa privada, y que Manzana del Revellín S.L. es la que paga la parte privada del complejo, y la que debería realizar el modificado para adaptarlo al mercado. Mucho empeño dedicó el consejero a diferenciar las obras pública y privadas, pero sin explicar cómo es posible que dos proyectos diferenciados tengan una misma licencia de obra.

El Consejo de Gobierno deberá ahora aprobar el expediente y llegar a un acuerdo con la empresa, con un precio tasado en otro informe, y que quedaría marcado en algo más de 700.000 euros al año, más la corrección del IPC, durante los próximos treinta años.

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