La Delegación del Gobierno prevé adoptar "las medidas necesarias", que necesariamente habrían de incluir una intervención policial sobre el terreno, para evitar que tenga lugar el acto público capitaneado por el líder de Vox, Santiago Abascal, convocado para este lunes a las 20.00 horas en la Plaza de los Reyes y que la autoridad gubernativa prohibió el pasado sábado.

La resolución administrativa se basa en la existencia de informes policiales que acreditan la existencia de riesgo para las personas y los bienes si el mitin se celebra ante la posibilidad de que coincida con otras movilizaciones promovidas por redes sociales y no comunicadas oficialmente.

Vox ha recurrido judicialmente la decisión de la Delegación, pero a expensas del veredicto ha desafiado la suspensión del acto y ha adelantado que se mantiene animando a la ciudadanía a acudir.

Según el Ministerio del Interior, los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación que hubiese sido previamente suspendida o prohibida, "siempre que con ello pretendieran subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública", pueden ser castigados con penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses, sin perjuicio de la que pudiera corresponder, en su caso, conforme a lo establecido en el artículo 514.5 del Código Penal.