Fomento abrirá la venta de las 45 VP de Serrano Orive a mayores de 35 años

Fomento abrirá la venta de las 45 VP de Serrano Orive a mayores de 35 años
Imagen de archivo.

- La Consejería de Néstor García propone dejar sin efecto el requisito de edad máxima establecido en 2005 para “no limitar el acceso de los actuales arrendatarios a la compraventa" si cumplen las demás condiciones

- “Acreditar unos ingresos inferiores a 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)” y no tener otra casa, entre las exigencias establecidas


El Gobierno de Ceuta va a promover una modificación del Acuerdo Plenario adoptado el 21 de febrero de 2005 con el objetivo de dejar sin efecto el requisito establecido de destinar las 45 viviendas protegidas (VP) de Serrano Orive a “jóvenes menores de 35 años”. De esta forma, se busca “no limitar el acceso de los actuales arrendatarios a la compraventa siempre cumplan los requisitos previstos en la Resolución del 10 de octubre de 2013 de cambio de régimen de cesión”.

La Viceconsejería de Vivienda y Rehabilitación acordó hace tres años modificar la calificación de esa promoción de régimen de alquiler a compraventa. En 2014, Emvicesa inició actuaciones para la enajenación (finalmente no consumada) de las viviendas, procediendo a la división horizontal de las fincas y comunicando a los arrendatarios el cambio de régimen de ‘sus’ casas, así como la “voluntad” de la empresa pública de no renovar los contratos una vez cumplido el plazo de cinco años de duración.

Según la Consejería de Fomento, en la promoción hay actualmente 39 inquilinos con “arrendamiento prorrogado” y media docena de viviendas devueltas a Emvicesa y sin ocupar.

La historia de esta promoción se remonta a 2005, cuando el Pleno de la Asamblea acordó ceder el terreno a Emvicesa para la construcción de viviendas protegidas para jóvenes con la obligación de construir las casas en un lustro y mantener su destino “durante los treinta años siguientes”. Las casas se adjudicaron a jóvenes menores de 35 años mediante un proceso de selección establecido por la Comisión Local de la Vivienda y no exento de polémica, ya que entre los requisitos establecidos para poder ser seleccionado como arrendatario se exigió “acreditar unos ingresos familiares corregidos inferiores a 5,5 pero superiores a 2,5 veces el IPREM, que en 2010 ascendía a 532,5 euros al mes para “garantizar la suficiente capacidad económica para hacer frente a las necesidades básicas y al pago de la renta”.

Además era necesario ser mayor de edad y menor de 35 años, “acreditar la necesidad de vivienda” y demostrar una residencia en Ceuta mínima de 48 meses “ininterrumpidos y anteriores a la presentación de la solicitud”. Dadas las características de las viviendas, la unidad familiar solicitante no podía exceder de 4 miembros.

Entre 52.700 y 76.300 euros

Hace dos años se estableció que los precios máximos para la venta de las casas deberían ser “el resultado de multiplicar la superficie útil de la vivienda por el módulo básico estatal [758 euros] por 1,56 y por 1,10”. Es decir, los precios que no podrían superarse en la enajenación van desde 76.300 euros (solamente hay cuatro casas de tipo A y 58,6 metros cuadrados de superficie útil) hasta 72.159 euros (las cinco viviendas de tipo H y 40,20 metros cuadrados). La inmensa mayoría se encontraban en un arco de precios máximos que no superaba los 52.700 euros.

Entre los requisitos estipulados para la enajenación de las viviendas se encontraba que sus posibles compradores pudieran “acreditar unos ingresos inferiores a 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)” y demostrar “no ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda sujeta a algún régimen de protección pública ni sobre una vivienda libre en Ceuta”.

También “no haber obtenido previamente financiación cualificada, al amparo de Planes Estatales de Vivienda durante los diez años anteriores a la compra de la vivienda”. Aquellos compradores que fueran, en el momento en el que pueda formalizarse la compraventa, inquilinos de las mismas, podrían “acreditar que cumplían dichos requisitos en la fecha de la firma del correspondiente contrato de alquiler”. De acuerdo con los últimos informes técnicos evacuados durante los últimos años, sobre al menos una de cada tres viviendas han existido sospechas de un uso no correcto.

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