SESIÓN DE CONTROL

El Gobierno no aclara el incierto futuro del servicio de autobuses

El Gobierno no aclara el incierto futuro del servicio de autobuses
Protesta de los trabajadores de la empresa de autobuses
Protesta de los trabajadores de la empresa de autobuses
El Gobierno de Vivas se acomoda en la prórroga de dos años de la concesión del servicio de autobuses a la empresa Hadú Almadraba y postear la decisión sobre su municipalización o licitación.

El pasado 17 de diciembre, tras muchos meses de demora, el Gobierno firmaba un contrato de urgencia, con duración de dos años, que solventaba coyunturalmente la situación de un servicio que, tras 50 años de concesión sin previa licitación, habra caducado en 2019 sin que se licitara uno nuevo acorde a los tiempos. Y entonces llegó la crisis de la frontera con Marruecos, a la que se sumó en marzo de 2020 la pandemia de Covid-19, que obligó a cerrar el paso fronterizo del Tarajal trastocando, probablemente para siempre, la línea 8, la única rentable a juicio de la empresa, la que sustentaba la rentabilidad del resto. 

Desde entonces, el servicio de autobuses ha vivido en permanente conflicto, ahogado por las pérdidas, con protestas y huelgas de los trabajadores ante el impago de sus nóminas y con el servicio seriamente mermado y con una veintena de trabajadores en ERTE. Como medida paliativa, el Gobierno aprobó una ayuda de 450.000 euros para tatuar de dar aire a la empresa de autobuses y abonar las nóminas pendientes. Pero la situación económica d ella empresa y las perspectivas a corto y largo plazo comprometen el presente y el futuro del servicio de transporte urbano en la ciudad. Ante ello, sete viernes, en la sesión de control, Caballas urgía al Gobierno que aclarara. No ha sido así. 

El consejero de Servicios Únanos, Yamal Dris, ha defendido la legalidad del contrato de dos años, avalado por la Abogacía del Estado, que da aire ala empresa y tiempo a la Ciudad para decidir qué hace con el servicio de autobuses, si municipalizarlo, como reclama la oposición, o sacarlo a licitación. De momento no hay decisión, ala espera de informes que aclaren la viabilidad o conveniencia de una u otra opción. Tampoco el Gobierno ha aclarado cuál prefiere. 

Desde Caballas, su portavoz, Mohamed Alí, háamostrado su desconfianza ante la legalidad del nuevo contrato de dos años que permite a la empresa seguir funcionando, pagar nóminas y acogerse alas ayudas públicas, porras que venga avalado por la Abogacía del Estado, de cio informe, asegura el localista, también discrepan los servicios jurídicos de la Ciudad, según ha asegurado el portavoz de Caballas.  Como también ha desconfiado del cálculo de pérdidas de 400.000 euros que presentó la empresa. “Volvemos a los vicios del pasado que son de vigente actualidad, la concesionaria no puede hacer y deshacer a su antojo y aquí no pasa nada, tiene 30 trabajadores en ERTE, reduce el servicio y sigue cobrando”, señalaba.

Y el futuro es tan incierto o más que el presente, señala Alí, recordando que la línea d el frontera, la única rentable en palabras de la empresa, es muy probable que no vuelva a ser “tal y como la conocíamos”, lo que compromete la rentabilidad del servicio integral que debe procurar la empresa, algo para lo que la Ciudad debería tener ya un plan, objeta. 

El Gobierno no aclara el incierto futuro del servicio de autobuses