Montero denuncia al Gobierno de Vivas por pagos “improcedentes” de casi 800.000€ a Bolorino

Montero denuncia al Gobierno de Vivas por pagos “improcedentes” de casi 800.000€ a Bolorino
Manuel González Bolorino durante una rueda de prensa en defensa de Angulo

- El Tribunal de Cuentas investiga a petición de Joaquín Ferrer y Cia. Sl (El Faro) una posible responsabilidad contable por los pagos en publicidad a Angulo Ceuta Sl (Ceuta Tv) 

- Rafael Montero defiende en su denuncia que el Gobierno debe reponer a las arcas públicas cerca de los 786.342 euros que invirtió en publicidad en la tele de Bolorino, cuya emisión debía haber sido apagada por sentencia judicial en 2012


La guerra por la Televisión Digital Terrestre (TDT) iniciada en Ceuta en la anterior legislatura sigue coleando aún en su parte judicial mientras permanece en pausa en las trincheras políticas, al menos por el momento. El editor de El Faro de Ceuta, el decano de la prensa local en papel, Rafael Montero, ha pedido al Tribunal de Cuentas a través de la sociedad editora del diario Joaquín Ferrer y Cia. SL que investigue al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, presidido por Juan Vivas, por un supuesto delito de “responsabilidad contable” que alcanzaría los 786.342,82 euros por anuncios contratados a la sociedad Angulo de Ceuta Sl, editora a su vez de Ceuta Televisión (cuya defensa pública en el contencioso de la TDT ha encabezado Manuel González Bolorino desde los propios estudios de la tele) entre el año 2012 y el año 2015. Justo el periodo comprendido desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) notificó la estimación total del recurso presentado por El Faro contra una sentencia Del Contencioso Administrativo Número Uno de Ceuta y que, de facto, retiró la licencia de emisión en TDT a Angulo Ceuta, la tele privada.

A pesar de la sentencia, Ceuta Televisión siguió emitiendo hasta que en 2015 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta le apagó el canal. Desde 2012 hasta 2015, el Gobierno no sólo hizo caso omiso de la sentencia del TSJA en lo referente a apagar la emisión de la televisión. Siguió contratándole y pagándole publicidad por esos 786.342,82 euros que señala Joaquín Ferrer y Cia. en su denuncia al Tribunal de Cuentas.

La denuncia de Montero ante el Tribunal de Cuentas se materializó en noviembre de 2015. Según el contenido de la misma al que ha tenido acceso Ceutaldia.com, Joaquín Ferrer y Cia. considera que se habrían pagado 786.342,82 euros de las arcas públicas a Angulo de Ceuta Sl de forma contradictoria con la legalidad entre los años 2012 y 2015. Se trataría de publicidad contratada por el Gobierno a la televisión privada, a pesar de que existía la mencionada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que retiraba la licencia para emitir en TDT a la misma empresa a la que se le contrataba una publicidad que, de haberse cumplido con la orden judicial, no habría tenido forma de emitirla, y por tanto de justificar los cobros y los pagos.

Se están produciendo actuaciones y omisiones por parte de determinados responsables de la Ciudad Autónoma de Ceuta que deben ser enjuiciadas por parte de este Tribunal, a fin de depurar las posibles responsabilidades contables por los daños que se están causando a los caudales públicos, al no darse cumplimiento a la Sentencia y continuar realizando pagos por un contrato que ha sido declarado nulo y debió liquidarse”, señala la denuncia.

En el periodo denunciado por Joaquín Ferrer y Cia. el Gobierno contó con dos responsables de la partida destinada a publicidad institucional: Guillermo Martínez y Emilio Carreira. Pero en ambos casos era el Consejo de Gobierno el que daba el visto bueno a los planes de gasto. El tipo de responsabilidad contable que pide El Faro al Tribunal de Cuentas que investigue es el mismo por el que recientemente han sido condenados los ex alcaldes de Vitoria del PP, Javier Maroto y Alfonso Alonso, junto con otros concejales que formaban parte de su equipo de Gobierno municipal.

Para Montero, el Gobierno que preside Juan Vivas ha pagado a la televisión vinculada a González Bolorino “las cantidades” (786.342 euros) “a sabiendas por ambas partes de que era absolutamente improcedente el pago por contravenir directamente lo decidido en sentencia firme, y debiendo haberse ejecutado la sentencia dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la misma a la Ciudad Autónoma (es decir, dentro de los dos meses siguientes al 27 de junio de 2012)”, recoge en su denuncia Joaquín Ferrer y Cia.

El medio de Montero se cree actor legítimo para la denuncia dado que de haberse ejecutado la sentencia, la licencia de TDT habría sido suya, una licencia que entiende Joaquín Ferrer y Cia. que da derecho de forma automática a percibir esa cantidad publicitaria: “La ejecución de ese fallo pasa necesariamente por la adjudicación a mi representada (única licitadora a baremar, según la propia sentencia), que se ha visto privada durante todo este tiempo de la ejecución del contrato que le correspondía y de la percepción de las cantidades consiguientes”.

Los hechos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía notificó el 12 de junio de 2012, tal y como recoge el escrito remitido al Tribunal de Cuentas por Joaquín Ferrer y Cia, la sentencia en la que estimaba de forma íntegra el recurso de apelación interpuesto por la propia empresa editora de El Faro. En el escrito se recoge incluso de forma literal la sentencia del TSJA, que retiraba de facto las dos licencias para emitir en TDT concedidas por la Ciudad por haber sido presentadas las ofertas al concurso fuera de plazo:

“Se anula la resolución de la Ciudad Autónoma de Ceuta de siete de abril de 2008 por la que se adjudica la concesión de dos programas para la explotación en régimen de gestión indirecta del servicio público de televisión digital terrestre en la ciudad de Ceuta a inversiones El Bornal SLU y Angulo de Ceuta Sl. Debe procederse a una nueva valoración del concurso en las empresa que presentaron sus proposiciones dentro de plazo”, cita el abogado de Joaquín Ferrer y Cia. para el Tribunal de Cuentas la sentencia del TSJA.

Dicha sentencia se recibió en la Ciudad Autónoma de Ceuta, vía registro general, el 27 de junio de 2012. Se dio traslado al Negociado de Contratación y a la Consejería de Fomento el 1 y el 2 de julio de 2012, tal y como certificó la propia Secretaria General, y según hace constar en su denuncia el abogado de Rafael Montero.

Y a pesar de ello, el Gobierno no actuó. “A pesar de que se recibe la sentencia con fecha 27 de junio de 2012, la Ciudad Autónoma no lleva a cabo actuación alguna para dar cumplimiento al fallo hasta 2014, cuando por Decreto del Consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, de fecha 5 de junio (Emilio Carreira), en cumplimiento de la misma, se anula la Resolución de la Consejería de Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías de fecha 7 de abril de 2008, acordando retrotraer las actuaciones al momento de la valoración de las proposiciones que, según la Sentencia, presentaron sus propuestas en plazo”, recoge la denuncia.

El decreto de Carreira se le notifica a Angulo de Ceuta, que recurre el mismo y logra alargar hasta 2015 su emisión. “No alcanzamos a comprender que una sentencia firme, con unas claras obligaciones de ejecución por parte de la Administración, haya podido permanecer tanto tiempo ‘metida en un cajón”, llega a afirmar en su denuncia Joaquín Ferrer y Cia.

Carreira enmienda a Martínez y Román

Carreira adjudicó de forma provisional el 12 de diciembre de 2014 la concesión a Joaquín Ferrer y Cia. Tras eso, sólo restaba que el Consejo de Gobierno aprobara la adjudicación definitiva, “pero al día de la fecha este órgano no ha adoptado el correspondiente acuerdo”, algo que también ha certificado la secretaria General (el día de la fecha era noviembre de 2015). Aunque a día de hoy tampoco lo ha adoptado.

Y en ese periodo desde julio de 2012 en el que de forma efectiva Fomento y Contratación tuvieron conocimiento de la sentencia y el propio 2015, el Gobierno continuó contratando publicidad a Angulo de Ceuta para la emisión de spots en televisión, en un canal de TDT, que le debería haber sido apagado como no sucedió hasta el pasado año. Un hecho que para Montero se sale de la legalidad, merma a las arcas públicas y debe ser resarcido.

La Ciudad pagó por publicidad en Ceuta TV a Ángulo Ceuta SL 288.365,03 euros en 2012; 247.461,03 euros en 2013; 246.676,76 euros en 2014 y 3.840 euros en 2015, tal y como ha certificado el propio Interventor y como se hace constar en la denuncia. En total 786.342,82 euros.

Y por esa cantidad es por la que exige El Faro de Ceuta, editado por la empresa Joaquín Ferrer y Cia Sl, de Rafael Montero, que exija al Gobierno “responsabilidad contable”. Al pagar con cargo a las arcas públicas publicidad a una empresa a la que legalmente el propio Ejecutivo de Vivas debería haber apagado el canal para emitir esa publicidad.

En los primeros años de esos pagos el responsable de la publicidad institucional era el hoy candidato a senador, Guillermo Martínez, titular entonces de la cartera de Economía y Hacienda. A Martínez le sucedió con posterioridad Carreria. Aunque algunas fuentes consultadas por Ceutaldia.com hacen referencia a posibles cambios en la contratación de esa publicidad que podrían sortear la no licencia efectiva de TDT.

El Ejecutivo tiene difícil escaparse de la red que le ha echado Montero, ya que además de la certificación emitida por la Secretaría de la Ciudad que sitúa en el 1 de julio de 2012 el conocimiento por parte de Fomento (en ese instante en manos de Susana Román, hasta abril de ese mismo año, la competencia también estaba en manos de Guillermo Martínez) y Contratación de la sentencia del TSJA que anuló la concesión del canal de TDT a Ceuta Televisión, el principal grupo de la oposición de entonces, Caballas, planteó en una sesión plenaria de otoño del mismo 2012 una interpelación dirigida a Fomento en la que requería al Ejecutivo que aclarara qué pasos iba a dar tras la sentencia.

El único clavo ardiendo al que podrían agarrarse es que la propia interesada, Joaquín Ferrer y Cia. no solicitó la ejecución de la sentencia hasta mucho tiempo después de 2012 a pesar de la desidia de la Administración Local para hacer cumplir los dictados de la Justicia y a pesar de la aparente virulencia judicial con la que se desempeña ahora.

Lo que pide El Faro, la responsabilidad contable, es exactamente el mismo tipo que le ha valido recientemente la condena a dos rostros conocidos del PP, Javier Maroto y Alfonso Alonso, junto con 8 concejales más del Ayuntamiento de Vitoria. Todos tienen que pagar más de 300.000 euros, la cantidad de supuesto menoscabo a las arcas públicas del ayuntamiento alavés.

El Faro cree que se debe exigir “responsabilidad por daños y perjuicios causados a los caudales públicos”. Y cita: “El artículo 38.1 de la LOTC establece que el que ‘por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados”.

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Fe de erratas: En un primer momento la última palabra del cuatro párrafo atribuía la cita a una "sentencia" cuando debío decir siempre "denuncia", tal y como figura una vez corregido.

Montero denuncia al Gobierno de Vivas por pagos “improcedentes” de casi 800.000€ a Bolorino


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