Las obras ilegalmente ejecutadas en la barriada Príncipe Alfonso tienen los días contados. En concreto quince. Es el tiempo que dará la Ciudad, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, para llevar a cabo "la restitución de la legalidad" de estos inmuebles. Si en ese plazo no se cumple, la Ciudad actuará de forma subsidiaria para echar abajo las obras ilegales y se procederá a la apertura de un expediente sancionador en consecuencia al incumplimiento urbanístico, ha prevenido.

No es la primera vez que la administración lanza una advertencia similar y, posteriormente, la cumple. A finales de febrero la consejería delegada ya ordenó al detención de las obras y el derribo de dos obras en Arcos Quebrados y la calle Independencia

Los primeros recibieron un plazo de quince días y los segundos de una semana. Ambas actuaciones estaban estimadas en  40.000 y 11.500 euros respectivamente.

Se trata de una cuestión de largo recorrido. Ya a principios de la pasada legislatura el PP aprobó, a propuesta de Vox, la elaboración de una relación que recogiese todas las obras ilegales de la Ciudad, aunque los ultraderechistas pusieron el acento en ciertas barriadas como Hadú o, precisamente, el Príncipe.

La consejera popular Kissy Chandiramani recordó al entonces portavoz, el desterrado Carlos Verdejo, que la anterior legislatura, entre 2015 y 2019 se habían incoado medio millar de expedientes por obra ilegal y demolido una docena de construcciones también levantadas de manera irregular.

Ahora, con la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en ciernes, el Gobierno vuelve a apurar los tiempos al máximo para continuar con la regularización de las viviendas de la ciudad y la construcción de otras mil tan solo en el mencionado barrio.