Unas son en su mayoría limpiadoras, los otros son vigilantes privados de seguridad. Unas trabajan en espacios públicos como los Museos, el ICD o el conservatorio; los otros en la frontera del Tarajal, regulando el tráfico guardado lo que no alcanzan a cubrir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dos gremios humildes pero imprescindibles que han visto como la Administración Pública, tanto el Estado cono la Ciudad, les daba trabajo primero y los abandonaba después. A unos, los vigilantes de seguridad de Eulen, el contrato de trabajo se les ha esfumado en la frontera cuando es más necesario; las otras, empleadas de Hércules Servicios Integrales, aún esperan la paga extra de verano y la empresa les adeuda tres nóminas en el peor de los casos.

“A los trabajadores de Hércules que trabajan para Delegación de Gobierno se les adeuda noviembre, diciembre y ya enero y los dependientes de la Ciudad se les adeuda diciembre y ya enero”, desgrana Claudia González, secretaria de Acción Sindical de CCOO, que señala a las malas prácticas de la empresa.

La Ciudad, explica el sindicato, habría desembolsado este mismo lunes un pago de 20.000 euros que debería servir para cerrar las deudas con la plantilla, confía la representante sindical. “La empresa tiene que asumir la responsabilidad y dar la caray dejar de mandar administrativos a los actos de conciliación y dejar de amenazar a los trabajadores que han tomado medidas legales”.

CCOO ha pedido una reunión urgente con Delegación de Gobierno, ha explicado su secretario general general , Emilio Postigo, para tratar de buscar una solución a la situación de estas empresas. “Que de una vez por todas den con una fórmula para que se acabe con estas empresas o con otras que pudieran venir con la misma línea de actuación”, baraja Postigo que reconoce la buena voluntad de las administraciones. 

En lo que concierne a los vigilantes de seguridad, CCOO y PSOE s han sentado para dibujar un mapa de las instalaciones públicas y equipamientos que pueden necesitar seguridad privada, para tratar de reconocer los vigilantes que ya no son necesarios en la frontera.  “No entendemos que con la apertura de la aduana pongan a 30 trabajadores en la calle, solo seria entendible si hubiera un refuerzo de las FSCE”.