La semana pasada saltó a las portadas de todos los medios nacionales la agresión de un preso a un funcionario de prisiones en la cárcel de Estremera. El funcionario sufrió una fractura cervical y facial. El interno es experto en artes marciales, en kick boxing y muay thai concretamente. Y en diciembre de 2018 asesinó a su compañero de celda por una dicusión sobre la litera a ocupar cada uno de ellos. No es la única, a otro funcionario, también la pasada semana casi le seccionan la yugular. Los sindicatos de prisiones habían convocado para este jueves protestas en todo el país por la violencia que se extiende en los penales ante la falta de medios y los cambios lentos y tortuosos que no acaban de llegar al trabajo en instituciones penitenciaras. En Ceuta, un puñado de funcionarios convocados por UGT-ACAIP y CSIF se han concentrado ante la Delegación del Gobierno y ante los micrófonos de los medios han convertido su protesta en la enésima reivindicación de soluciones para sacar al penal de Fuerte Mendizábal de la “vergonzosa” situación que arrastra desde que se abrió.

Lo más grave de lo denunciado quizás lo ha expuesto el delegado de UGT-ACAIP, Mohamed Haidor. El centro sólo cuenta con 2 de los 8 módulos residenciales abiertos, hay tantos internos como funcionarios, unos 240, pero si esa cifra de internos no es mayor “es gracias a que prácticamente todas las semanas hay dos conducciones a península de internos. O sea, que nosotros mandamos cada semana a la península a ceutíes que por Ley deberían cumplir su condena en Ceuta y les alejamos de sus familiares contraviniendo la Ley y los destinamos a la península por falta de módulos abiertos y de personal suficiente”, ha explicado.

Se incumple la Ley, pero también los derechos más básicos y humanos que establecen el derecho de los presos a cumplir condena cerca de su entorno familiar. Una reivindicación famosa y de sobra conocida en este país por la situación de los presos de la banda terrorista ETA durante años.

No es la única ilegalidad que se estaría cometiendo en el penal ceutí. En el módulo de ingresos no se separan los presos como establece el tratamiento penitenciario. La circunstancia sucede porque la prisión, la inversión más grande jamás realizada en Ceuta, como ha recordado Haidor, 150 millones de euros, sigue con la misma relación de personal que cuando se abrió y con sólo el 25 por ciento de lo construido en funcionamiento. 

Para abrirlo todo haría falta doblar la plantilla actual. Pero de momento los sindicatos se conformarían con los 105 funcionarios que la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha establecido como objetivo y ha llegado a prometer a los representantes de la plantilla. Con eso se lograría que al menos, la inversión más grande del Estado jamás ejecutada en Ceuta, funcionara a medio gas, esto es, se lograría abrir otros dos módulos llegando a entrar en uso 4 de los 8 disponibles y pudiendo además atender a los talleres ocupacionales, claves en la reinserción de los presos que hoy por hoy, según han denunciado los sindicatos tampoco cumplen su función.

Todo pasa por una nueva RPT y por la recalificación del centro en 1-1, algo prometido y comprometido, reconocido por el Gobierno, porque esa calificación actual del penal ceutí también chocaría con la legalidad.

Pero hasta ahora esas promesas han chocado y descarrilado al llegar a la cuestión clave: los recursos presupuestarios para ponerlo en marcha todo. 

“Le hago una invitación al secretario general de Instituciones Penitenciarias y a todo su equipo. Si se ven nuevamente ninguneados por Función Pública y Hacienda (el ministerio), lo que tienen que hacer por dignidad y por no solucionar ninguno de los problemas que tenemos en Instituciones Penitenciarias es dimitir, irse digamente, porque no han sido capaces en 4 años de solucionar ninguno de los problemas que tenemos planteados. YO desde esta tribuna le invito, por incapaz, a irse a su casa si es nuevamente ninguneado por tercera vez por compañeros suyos ministeriales”, ha lanzado Haidor.

Volviendo al tema de la violencia y las agresiones, Haidor ha apuntado una cifra, 300 agresiones cada años en los penales españoles. También se dan en Ceuta. Haidor lo ha explicado: saben que están obligados a trabajar y convivir con presos peligrosos, en casos como el de Estremera, personas medicadas psiquiátricamente con problemas graves. “Nosotros sabemos en el medio en el que realizamos nuestro trabajo, pero también queremos trabajar con unas mínimas garantías de seguridad y la propia administración nos respalde. No que mire hacia otro lado cuando ocurren estos hechos tan lamentables”.

Lo primero en esa línea pasa por reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Con eso se conseguiría que cada agresión conllevara agravante para el agresor y que además la indemnización al agredido la tuviera que asumir la propia Administración.

En el relato del ya enquistado problema del penal ceutí, el delegado de CSIF, Juan Martín, ha hecho un repaso de cómo han ido descarrilando las negociaciones que da la razón de pleno a la demanda de Haidor de dimisión. En 2018 nada más llegar la actual cúpula de Instituciones Penitenciarias, el secretario general, se encontró a los sindicatos atrincherados en su despacho. Les prometió mejoras, entre otras la recalificación del centro ceutí en 1-1 y el incremento de personal vía RPT. La promesa la sostuvo apenas una semana, el tiempo en que tardó en darse de bruces con la falta de fondos y anunciar a los sindicatos que nada de lo prometido unos días antes se podía cumplir, según ha repasado Martín.

“Reconozco que en la prisión de Ceuta medios materiales tenemos quizás suficientes, pero los personales es vergonzoso. Tenemos que estar constantemente cubriendo, abandonando una parte del servicio para acudir a otra. No podemos estar acudiendo a apagar fuegos. Tenemos que estar cada uno donde debemos estar. Hay que tener un control de seguridad. Si ya han invertido una burrada de millones como han invertido aquí en Ceuta ¿por qué no aportar un poco más y dotarnos de personal suficiente para que la cárcel pudiera funcionar correctamente? Pues no conseguimos convencerles de que esto lo hagan”, ha reflexionado Martín.

“Humo” ha usado para calificar las promesas hechas el pasado febrero por el secretario general de visita en Ceuta. “Trileros” ha dedicado a los responsables políticos de los últimos años, no sólo los socialistas.

La situación es tan crítica que los sindicatos no tienen fe en que el reconocimiento de agentes de la autoridad, en trámite parlamentario por la vía ordinaria, o el incremento en 105 efectivos se acaben materializando. Ni tan siquiera que el prometido refuerzo en toda la Administración General del Estado comprometido al calor del Plan Estratégico alcance ese rincón de Ceuta en el que se levanta la cárcel nueva, la inversión más grande jamás realizada en la ciudad por cualquier Administración Pública.