Las partes implicadas en el 'caso Emvicesa' auguran que el siguiente episodio de la macrocausa, el señalamiento de la vista oral, fijará la fecha de inicio del juicio para no antes de después del próximo verano en la Audiencia Provincial. Con más de medio centenar de procesados, sólo así se podría garantizar, según las fuentes consultadas por Ceutaldia.com, que coincida con otros para la pléyade de abogados que tendrán que participar, muchos con sus agendas ya total o parcialmente ocupadas hasta bien entrada la próxima primavera.

En el trámite de cuestiones previas la defensa de Antonio López insistirá con la batalla que perdió en octubre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avaló a los magistrados de la Sección VI para formar la Sala a pesar de que los abogados del principal acusado los siguen viendo parciales, convencidos de su culpabilidad.

El letrado José María Calero ha adelantado que si sus argumentos siguen sin ser atendidos, se reiterarán, en caso de condena, “ante el Supremo, el Constitucional o, agotadas todas las vías nacionales y en su caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”. "Es imposible decidir cuatro veces sobre la prisión preventiva sin hacerse un juicio de culpabilidad”, ha reiterado.

No es el único reparo de alcance constitucional “con mucho peso”, a ojos de otras partes, que deberá dilucidar la Sala de entrada. Otra a la que se intuye calado es la supuesta lesión del derecho al juez predeterminado del artículo 24 de la Carta Magna por la supuesta “autoatribución irregular de la competencia para conocer de los hechos” que se habría hecho la instructora de la causa. Para los abogados de López, “la vulneración del derecho al juez natural vinculada al derecho al juez imparcial vicia de nulidad radical las actuaciones del juez que actuó sin ser competente”.

Igualmente invocan una posible nulidad por lesión del derecho a la intimidad del artículo 18.1 “por la masiva, indiscriminada, prospectiva, desproporcionada e infundada intervención de comunicaciones telefónicas”. Igualmente denuncian la prolongación durante un año y medio del secreto de las actuaciones, que podría haber vulnerado el artículo 24 de la Constitución en lo tocante al derecho de defensa y tutela judicial efectiva.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta dictó hace algo más de un año auto de apertura de juicio oral contra 54 expolíticos, empleados públicos, captadores de clientes y particulares que pagaron entre 6.000 y 20.000 euros por hacerse con la adjudicación irregular de viviendas. El escrito de acusación de la Fiscalía solicita un total de 280 años de prisión para todos ellos, 26 solo para López, el supuesto “cabecilla” de la red.